La Junta estudia fórmulas para gravar la generación renovable
Para que el beneficio que obtienen las plantas redunde en mayor medida en la región Aragón y País Vasco, las últimas autonomías en establecer un tributo a solar y eólica
La Junta estudia vías para poder gravar la producción eléctrica en las plantas de energía renovable asentadas en territorio extremeño y que de esta forma se quede en la región una proporción mayor del valor que generan. De momento, si bien es una posibilidad que se está analizando, todavía no se ha decidido si finalmente se materializará o no. Y de llevarse a cabo, qué es lo que se gravaría (impacto ambiental o social, por ejemplo) o a qué tecnologías, pero es algo que está encima de la mesa.
«Es cierto que la producción de energías renovables es importante para el Gobierno regional. Se están intentando ver algunas propuestas al respecto, pero actualmente no se ha adoptado ninguna decisión», confirman fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
En esta misma línea, desde la otra consejería a la que competen atribuciones en esta materia, la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, se señala que «la Junta está actualmente inmersa en el estudio de distintas fórmulas para que los beneficios que las empresas renovables obtienen por instalarse en nuestra región redunden en el entorno donde se asientan».
Extremadura es la tercera comunidad autónoma española que más electricidad aporta al sistema, con 29.721 gigavatios hora (GWh) en 2023. Una generación que multiplica por más de seis la demanda, que el año pasado fue de 4.761 GWh (la cuarta menor). Esto es en buena medida por la contribución de la Central Nuclear de Almaraz, aunque la cuota de las renovables, sobre todo la fotovoltaica, es cada vez mayor.
«Es un tema sangrante», reconocía la consejera de Hacienda y
Administración Pública, Elena Manzano, en una entrevista con este diario a finales del año pasado. «Nosotros producimos mucho, pero todo se consume fuera. Por lo tanto, las ratios de consumo están en otros territorios y la cesión vinculada al Impuesto de la electricidad y el IVA se queda en esos otros territorios y aquí nada», argumentaba Manzano. Únicamente lo recaudado gracias al Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, que contempla como hecho imponible, entre otras, las actividades de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica. Esta exacción supuso en 2022 cerca de 96,5 millones de euros, según se recoge en el informe `Panorama de la Fiscalidad autonómica y foral 2024, del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
La producción eléctrica con origen en la región multiplica por más de seis su demanda
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TRIBUTOS PROPIOS Las comunidades autónomas tienen potestad para establecer sus propios impuestos, siempre que, entre otras condiciones, no recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por las corporaciones locales. A las arcas de estas últimas van a parar actualmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que conllevan estos proyectos renovables.
Son varias las comunidades autónomas que han fijado ya impuestos para las plantas de energías renovables. Hasta la fecha, los ingresos que han obtenido con ellos son, eso sí, poco elevados. Galicia, por ejemplo, que fue pionera en 2009 con un canon eólico, recaudó en 2022 poco más de 23 millones de euros con él, según el mencionado informe del REAF. Castilla y León y Castilla-La Mancha también aplican tributos en este ámbito, y las últimas en sumarse han sido Aragón y País Vasco, que han incluido por vez primera a la tecnología fotovoltaica.
En el caso aragonés, el impuesto entrará en vigor en los próximos meses, y tiene como fin compensar al territorio por el impacto ambiental, paisajístico y social que tienen las instalaciones solares y eólicas. En cuanto al País Vasco, el mes pasado se aprobó la Ley de transición energética y cambio climático que incluye el que los parques de energía renovable tengan que abonar un canon anual a partir del 2025 para compensar las afecciones socioambientales en la zona y que revertirá en los municipios afectados.