Extremadura percibe 17 millones de euros para luchar contra el machismo
El Gobierno y las comunidades acuerdan la distribución de 350 millones, que se destinarán a programas contra la violencia de género y a facilitar la conciliación laboral y familiar
El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas, junto a Ceuta y Melilla, han acordado la distribución de 350 millones de euros destinados a la lucha contra la violencia de género y al fomento de la Igualdad. Del total de este montante, Extremadura se lleva algo más de 17 millones de euros (17.075817), distribuidos de la siguiente forma: 9,6 millones para el Plan Corresponsables; 6,4 millones para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; y 939.155 euros en concepto de programas autonómicos.
La distribución se realiza tras su autorización por parte del Consejo de Ministros y cumple con los criterios de distribución establecidos por la Comisión Sectorial, máximo órgano de cogobernanza entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades. La ministra Ana Redondo, que ha presidido esta primera
Conferencia Sectorial de Igualdad de la legislatura, destacó la importancia de un reparto de fondos que «apuntala políticas públicas de igualdad en todo el territorio y que garantiza un mínimo de derechos a todas las mujeres en nuestro país, vivan en la comunidad que vivan».
De la cuantía total (350 millones), un total de 140,2 están dedicados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Se destinarán a financiar programas de lucha contra esta lacra, que deberán ser promovidos por las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus competencias en 2024. Se trata, en definitiva, de lograr la articulación de una respuesta integral y coordinada de todas las instituciones con competencias en materia de prevención y lucha para frenar la violencia contra las mujeres.
Además, se aprobaron 190 millones de euros orientados al desarrollo del Plan Corresponsables en 2024. Enmarcado en la Estrategia Europea de Cuidados, significa un avance hacia la consolidación de las políticas públicas que abordan los cuidados como un derecho, a través de tres ejes de acción: facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 16 años mediante servicios de cuidado personal; crear empleo de calidad en el sector de los cuidados de menores de hasta 16 años; y sensibilizar y formar a la sociedad, especialmente a los hombres, en materia de corresponsabilidad y cuidados.
Finalmente, los 19,8 millones restantes se invertirán en distintos programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales: programas de asistencia social, planes personalizados de atención a estas víctimas, y programas de prevención de explotación sexual a menores tuteladas.