Alud de críticas al Gobierno por llevar a una cárcel a 500 inmigrantes

B Aunque el centro está por estrenar, los expertos censuran la improvisada decisión

Oenegés, sindicatos, el Defensor del Pueblo, la Junta de Andalucía... La decisión del Gobierno de ubicar en la cárcel de Archidona (Málaga), aún sin funcionar, a la mayoría de los 519 inmigrantes llegados en la última semana a Murcia ha enervado a todos ellos, dado que la ley de extranjería señala expresamente la imposibilidad de aplicar régimen carcelario a los migrantes. Interior defiende su propuesta porque «el sistema ha colapsado, y en lugar de campamentos que pudiéramos montar hemos optado por que esas personas estén en un sitio con calefacción y duchas», según ha explicado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

La medida, que tiene carácter temporal, parte de siete juzgados de Murcia. La provincia quedó saturada el pasado fin de semana, después de que arribaran a sus costas 49 pateras con medio millar de inmigrantes, en su mayoría argelinos. La misma previsión que tenían para todo el año, por lo que el subdelegado del Gobierno, Francisco Bernabé, llegó a calificarlo de «ataque orquestado» de las mafias de trata al conocer que días antes otros inmigrantes quedaron en libertad por falta de espacios donde ubicarlos.

No solo no había instalaciones, tampoco jueces para tomarles declaración en el plazo establecido. A toda prisa, se habilitaron siete juzgados para iniciar así los trámites de expulsión. Pero es un proceso largo, y los siete centros de internamiento (CIE) repartidos por todo el país están colapsados ante el aumento de inmigrantes llegados principalmente por mar. Un 160% más que en el 2016, señala el Ejecutivo, 20.000 personas en total. Así, los magistrados aceptaron la propuesta de Interior de recluirlos en Archidona. Sin conocer que el centro que ponían a su disposición era una prisión, dado que en sus autos, según diversas fuentes, no consta la expresión «centro penitenciario» y sí «centro para extranjeros». El argumento del Gobierno del PP es que si aún no se ofrece el servicio penitenciario.

La Asociación Proderechos Humanos y otros colectivos han denunciado que, según las leyes de extranjería, los migrantes indocumentados no son presos, y los centros donde deben estar no pueden tener carácter penitenciario, ya que su único objetivo es «custodiar a los inmigrantes para poder garantizar el proceso de expulsión» y durante un máximo de 60 días, explica el jurista Carlos Arce.

La Oficina del Defensor del Pueblo ya ha recibido las primeras denuncias sobre este caso, y resalta que se mostrará «vigilante para que se garanticen los derechos de estas personas». La Junta de Andalucía considera que no es la «ubicación adecuada». H