Varapalo de la Fiscalía a Montón por las facturas del Hospital Provincial
Archivan el asunto tras descartar malversación y prevaricación en los contratos con Telecso y Piaf El fiscal jefe advierte de posibles irregularidades contables, pero descarta la responsabilidad penal
La Fiscalía no ve delito en el caso de las facturas, por valor de 33 millones de euros, del Hospital Provincial, y ha decidido, por unanimidad de la Junta de Fiscales, archivar la investigación iniciada, tras presentar el 15 de junio del 2016 una denuncia el gerente del centro, Joaquín Sanchís, a instancias de la Conselleria de Sanidad, que dirige Carmen Montón.
El Ministerio Público ha concluido, tras más de un año de indagaciones, que los hechos investigados no constituyen delitos de prevaricación o malversación de fondos por los que, inicialmente, se incoaron diligencias.
Así lo comunicó ayer el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, a través de un decreto, en el que determina que no existe «ninguna apropiación o distracción de caudales públicos» en las más de 4.700 facturas analizadas.
La documentación examinada pertenece al periodo comprendido entre los años 2003 y 2015 -bajo el gobierno del PP en la Generalitat--, en relación a los expedientes de contratación suscritos entre el Hospital Provincial y las empresas Telecso SL y Piaf SL, así como en las facturas emitidas por dichas mercantiles que, en algunos casos, superaban los importes contemplados en los expedientes, y, en otros, se habían emitido sin soporte o cobertura contractual, según la fiscal. LAS CONCLUSIONES El caso le fue asignado a la fiscal Raquel Juan, perteneciente a la sección especializada en delitos económicos, relacionados con la corrupción y la delincuencia organizada de Castellón. En sus conclusiones, tras una exhaustiva investigación, sostiene que, aunque los hechos denunciados «pudieran constituir irregularidades administrativas y contables», no revisten ilícito penal alguno.
La fiscal asegura que solo se podría haber apreciado delito «si las facturas fuesen ficticias y no obedeciesen a trabajos realizados, una circunstancia que no resulta acreditada en el presente caso», tal y como destaca el decreto emitido. Según la Fiscalía, podría tratarse, más bien, de una «mala gestión de fondos» o «a la insuficiencia de los mismos», ya que durante el largo periodo de tiempo investigado --un total de 12 años-- se llevaron a cabo diversas obras de remodelación y adaptación de los edificios que componen el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.
La Fiscalía recuerda que el Derecho Penal debe ser «de aplicación excepcional» y hace hincapié en que las irregularidades funcionales «no deben criminalizarse de manera indiscriminada».
Cuesta destaca en su escrito que lo Penal solo se ocupa de la sanción a los asuntos más graves a la legalidad y sostiene que es «preciso» distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean graves, y las que suponen la comisión de un delito y hace referencia en su decreto a numerosas sentencias del Tribunal Supremo al respecto.
EL INFORME DE INTERVENCIÓN / La Fiscalía pidió contar con la ayuda de Intervención General de la Generalitat ante el gran volumen de facturas que debían analizarse. En dicho informe de auditoría realizado en el 2016 por peritos del Consell, los técnicos pusieron de manifiesto, además, que alguna de las prácticas irregulares denunciadas «continuaban produciéndose». Por esa razón, Intervención realiza toda una serie de recomendaciones en sus conclusiones que debían haberse seguido tanto en el periodo de tiempo denunciado, como en el 2016, cuando la Conselleria ya estaba bajo el mando de Montón.
Entre estas puntualizaciones, se menciona la existencia de proveedores y acreedores que no figuran en la relación de expedientes de contratación del Consorcio y para los que debían tramitarse los mismos. También se destaca que hubo «gastos necesarios e imprescindibles para el funcionamiento del centro hospitalario» que no se contemplaron en el presupuesto por falta de consignación y que los trabajos facturados se adjudicaron sin atenerse a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Teniendo en cuenta el contenido de la propuesta realizada por la fiscal Raquel Juan, la Junta de Fiscales se reunió este martes por la tarde y refrendó, de manera unánime, la decisión de archivo.
El decreto del Ministerio Público ya ha sido notificado a las partes y no cabe recurso alguno frente a él. La única opción que le queda a la Conselleria de Sanidad es la de reiterar su denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Castellón y que estos decidan si suscriben la conclusión de la Fiscalía Provincial o si, en su caso, ven indicios de delito. H