Torrent y la vicepresidenta, en la picota
JOSÉ ANTONIO en el conjunto de España con el 27% de los votos.
Quizá con estos datos se entienda mejor el sesgo que están tomando los acontecimientos tanto en Cataluña como en la política del Gobierno central. Roger Torrent tomó ayer una mala decisión. En vez de aplazar el pleno, debió suspenderlo y abrir un nuevo turno de consultas para proponer al Parlament otro candidato a la presidencia, después de que Puigdemont se haya revelado como un aspirante imposible jurídicamente e inviable en la práctica.
Pero el presidente de la Cámara, en vez de cerrar la puerta a una posibilidad impracticable – reconocida así mayoritariamente por los independentistas–, la dejó entreabierta y concitó una tormenta de hostilidad entre la CUP, los irreductibles del JxCat y ERC, que ofrecieron un espectáculo de división irreversible.
Torrent, con su indecisión, cumplió –de momento– el requerimiento que el TC reiteró ayer, pero no solventó la cuestión: si Puigdemont y los suyos se empeñan en la presidencia de la Generalitat, habrá nuevas elecciones, seguirá vigente la intervención de la autonomía meses y meses (¿hasta octubre o noviembre?) y no obtendrá lo que espera: una resolución del TC sobre la admisión o no a trámite del recurso del Gobierno porque en ese órgano de garantías constitucionales se espera un debate al respecto ad calendas graecas, es decir, sin fecha.
Están en renovado vigor unas medidas cautelares –por razones de urgencia y excepcionales– que seguirán sine die. ¿Qué ocurre entre tanto? Cataluña se introduce en un limbo jurídico.
Roger Torrent ha sido puesto en la picota, a un paso de ser tachado de botifler, pero sin ofrecer una solución definitiva a la pretensión impracticable de Puigdemont. En simetría con el presidente del Parlament, la estrategia jurídica de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría está resultando contestada desde distintos ámbitos. Sectores del Gobierno y del propio PP no terminan de entender por qué no primó el criterio de Mariano Rajoy expuesto en la entrevista que concedió a Onda Cero el pasado día 24. Entonces, el presidente fue rotundo: el recurso, después de que se intente una investidura ilegal.
Es decir, con el mejor criterio, descartaba un recurso preventivo. Pero con Ciudadanos pisando los talones al PP y con acusaciones de falta de reflejos e inmovili- dad, la vicepresidenta convenció a Rajoy para interponer un recurso preventivo sobre el que el Constitucional, primero, se partió en dos (6-5 a favor de la admisión) y, después, dribló el desastre de su propia división tras cuatro años de unanimidades en el conflicto catalán y decidió relegar el debate de la admisión e imponer una medidas cautelares. Una solución sin precedentes en su doctrina y confusa. Los sectores que impugnan la estrategia de la vicepresidenta consideran que resultaba mucho más funcional esperar a una investidura ilegal de Puigdemont, recurrirla, tumbarla y cerrar así la cuestión para que comenzasen a correr los plazos y la situación no se bloquease. A la vicepresidenta –que ha obtenido una victoria pírrica– se le olvidó el pequeño detalle de que en tanto en cuanto siga en vigor el 155 –y no cesará hasta que no haya un nuevo presidente de la Generalitat–, los Presupuestos no saldrán adelante como le ha notificado por activa y pasiva el PNV. De tal manera que esta operación de ingeniería jurídica podría haber costado a Rajoy el acortamiento de la legislatura española, además de la erosión del Tribunal Constitucional.
El hecho de que, para unos, Torrent esté en cuestión, y para otros, lo esté también la vicepresidenta del Gobierno, remite a una realidad incontestable: las clases dirigentes de Madrid y Barcelona que directamente disputan en esta lamentable crisis forman parte del problema y no pueden serlo de la solución. Roger Torrent se dispone anunciar l aplazamiento. El excon Jané dec je de Inte ante el z.