El retraso en reformar la plusvalía deja en vilo a 9.000 propietarios
Año y medio después de que el TC anulará el impuesto en ventas a pérdidas, no está claro quién debe devolver el dinero
El 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que anulaba el pago del impuesto de la plusvalía cuando se vende un inmueble con pérdida de su valor real. Desde entonces, la maquinaria administrativa del Estado se puso en marcha para modificar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), cuyo primer hito se produjo el pasado mes de enero con un pacto entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), y en el que se acordó que la exención de este tributo para ventas sin beneficio solo tendrá carácter retroactivo desde el 15 de junio del 2017, fecha en la que la resolución judicial se publicó en el Boletín Oficial del Estado.
Ese acuerdo entre Gobierno y municipios llegó después al Congreso de los Diputados de manos del PP y, de momento, ahí se ha quedado. La realidad es que a día de hoy la reforma del impuesto continúa en stand by y nadie sabe cómo, cuándo y qué Administración devolverá el dinero cobrado de más al contribuyente.
Mientras se mantiene esta situación de incertidumbre total, que en Castellón afecta a unos 9.000 propietarios, cada ayuntamiento de la provincia hace la guerra por su cuenta. Y la hace como puede, dado que lo que está en juego son algo más de 18 millones de euros, que es la cantidad que en el 2016 recaudaron por este concepto los ayuntamientos de la provincia.
Así, mientras hay ayuntamientos que están optando por excluir del tributo a todos los contribuyentes que acrediten con las escrituras públicas que no existió incremento real del valor del suelo, hay otros que liquidan todas las transacciones, aunque luego la anulan si el contribuyente demuestra que vendió a pérdidas. Onda, por ejemplo, no cobra el impuesto si no ha habido un incremento del valor del mismo. La Vall d’Uixó, y tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de julio, sí las liquida todas, aunque da un plazo de un mes para que se demuestre la inexistencia de una plusvalía real. Si se demuestra, se anula el impuesto y se devuelve el dinero.
UNA REFORMA NECESARIA // Los ayuntamientos urgen al Gobierno a que acelera la reforma del impuesto (la Femp así se lo ha trasladado a la ministra de Política Territorial) y si prospera la propuesta que presentó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, decenas de contribuyentes de la provincia van a quedar fuera. Según aquella propuesta, todos los que vendieron su inmueble o su solar a pérdidas pero lo hicieron antes del 15 de junio del 2017, quedarán excluídos de la devolución automática. Si quieren recuperar el dinero tendrán que acudir obligatoriamente a la Justicia.
En el caso de Castellón, las primeras estimaciones cifraban en unos 9.000 los damnificados por la sentencia del Constitucional sobre las transacciones a pérdidas, según el cálculo que realizó Tinsa. Esa estimación tenía en cuenta las operaciones con minusvalía de los últimos cuatro ejercicios. Para cada uno de los perjudicados se calculaba una devolución media de 6.000 euros. H