La inspección retira la pensión no contributiva a 200 jubilados cada año
Más de 4.000 personas la perciben en Castellón
María trabajó durante años en el campo, junto a su marido, pero jamás pensó en la jubilación. O mejor dicho: solo lo hizo cuando ya la tenía a la vuelta de la esquina. Nunca cotizó y al cumplir los 65 años solicitó una pensión no contributiva. Hoy es una de las 4.194 personas de Castellón (la inmensa mayoría son mujeres de más de 70 años) que cobra una prestación cuyo importe medio asciende a 377 euros al mes y que gestiona cada comunidad autónoma.
En Castellón son casi 4.200 los beneficiarios de pensiones no contributivas (tanto de jubilación como de invalidez) y eso que los controles e inspecciones que realiza cada año la Administración han originado en la provincia la retirada de un total de 1.337 prestaciones entre los años 2011 y 2017. O dicho de otra manera: cada año la inspección anula en Castellón una media de 191 pensiones no contributivas tras la revisión de sus ingresos y la constatación de que superaban los límites establecidos para poder beneficiarse de esta paga.
Los últimos datos que maneja el Imserso, un organismo que depende directamente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, revelan que en los últimos siete años han sido revisadas de oficio o a instancias de parte más de 30.000 pensiones no contributivas de Castellón y se han retirado 2.562. Una parte de ellas (894 ) han sido anuladas tras constatar que el beneficiario había fallecido, aunque el moti- vo principal es que rebasaban la renta que la ley permite.
Pero, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder recibir una pensión de no contributiva? El principal es no se superar un determinado nivel de ingresos. Por ejemplo, en el caso de las pensiones de jubilación, sus ingresos anuales deben estar por debajo de los 5.170 euros anuales, que pueden elevarse hasta los 40.000 si se convive en un hogar con al menos cuatro miembros.
La Administración anula anualmente casi 200 pensiones no contributivas y a esta privación se llega por dos vías. Una de ellas, la de menor incidencia, es el proceso de comprobación anual que se efectúa con el fin de regularizar el importe de la pensión percibida en el ejercicio anterior y establecer la cuantía para el actual. Con este objetivo, se requiere a los pensionistas a presentar en el primer trimestre de cada año una declaración de los ingresos computables, ya sean propios o de las personas que integran la respectiva unidad de convivencia, y referidos tanto al año precedente como a los previstos para el año en curso. Con una media de unas 4.000 revisiones anuales a pensionistas de Castellón, por este motivo se han producido en los últimos años 267 extinciones, 75 por ingresos personales y 222 de la unidad de convivencia.
CONTROL ADMINISTRATIVO // El grueso de las pérdidas de pensión se produce, no obstante, por un segundo tipo de revisiones, que son las que se activan bien a iniciativa del órgano gestor, bien por solicitud del interesado o de su representante y que pueden acabar también en modificación de la cuantía o en su retirada. Esta fue la causa de la desaparición de 1.070 pensiones entre el 2011 y el 2017, de las que 633 fueron por los recursos económicos del beneficiario y 437 por los de los otros miembros del hogar.
De todas las comprobaciones que se han practicado, más del 90% de los casos ha dado como resultado el mantenimiento de la pensión y solo el 2% acaba en la supresión de la paga. H