El Congreso decidirá si opta por una urgente reforma del CGPJ
La Mesa estudiará el miércoles el ritmo para su tramitación
La Mesa del Congreso estudiará este miércoles si finalmente se opta por la vía de urgencia para tramitar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial destinada a impedir que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado, como el actual, pueda realizar nombramientos, y también deberá decidir cómo responde al requerimiento que le hizo el pasado 17 de diciembre el órgano de gobierno de los jueces para poder opinar sobre la misma. PSOE y Unidas Podemos, autores de la proposición de ley, solicitaron antes de las Navidades que la reforma se tramitase por la vía de urgencia, lo que implica reducir todos los plazos a la mitad, una decisión que corresponde a la Mesa de la Cámara donde los dos grupos que apoyan al Gobierno podrán sacarla adelante porque tienen mayoría.
En paralelo, sus autores recabaron el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDECat, Más País, Compromís y Nueva Canarias para reunir la mayoría absoluta que necesitaban para forzar que se habilitase el mes de enero para poder avanzar con la reforma.
Una vez apruebe la tramitación por la vía de urgencia, a la que se oponen PP, Vox y Ciudadanos, la Mesa de la Cámara podría fijar ya un primer plazo para la presentación de enmiendas a la proposición de ley.
PLAZOS DE ENMIENDAS Aunque el $ pleno del Congreso acordó su toma en consideración el pasado 15 de diciembre, los grupos que se oponen a la misma tendrán ahí una segunda oportunidad para intentar frenarla o al menos dilatar su debate. Eso sí, para hacerlo deberán presentar una enmienda de totalidad con texto alternativo, lo que obligaría a celebrar un nuevo debate en el pleno, ya en febre
ro, antes de remitir el texto a la Comisión de Justicia.
Los plazos que fije la Mesa del Congreso dependerán de la decisión que adopte respecto de los requerimientos que le hizo el 17 de diciembre el propio CGPJ, entre los que destaca la emisión de un informe sobre la reforma que limita sus competencias para realizar nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional durante el periodo en que esté en funciones.
En su acuerdo, aprobado por 16 de los 21 miembros del CGPJ, este órgano reconoce que la petición de un informe de este tipo es «potestativa» en el caso de las proposiciones de ley, pero incide en que no puede obviarse su opinión porque se trata de una modificación que afecta «al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial».