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3.700 trabajadores de Castellón esperan que no se elimine la cláusula que blinda el empleo
A finales de abril, los trabajadores en ERTE llegaron a ser 35.000 en Castellón, pero la tendencia es a la baja
Desde el punto de vista laboral, el 2020 pasará a la historia como el año en el que las siglas ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) se convirtieron en parte del vocabulario cotidiano. En Castellón, a finales del mes de abril llegó a haber más de 35.000 trabajadores afectados. En julio fueron bastante menos, 10.284, y desde entonces, aunque con algunos altibajos, la tendencia siempre ha sido a la baja hasta acabar el año con 3.720 asalariados todavía con el empleo suspendido. Unos trabajadores que ahora están pendientes de la negociación para la extensión de los ERTE. Gobierno, patronal y sindicatos pactaron el pasado viernes alargarlo hasta el 31 de mayo, pero siguen sin acordar la letra pequeña.
Todas las partes apuestan por mantener la herramienta de los ERTE de suspensión para los sectores más afectados por la crisis y que actualmente cuentan con exoneraciones de entre el 100% y el 90%. También permanecerá la figura de los expedientes de limitación, para acompañar las restricciones de aforo decretadas de manera intermitente para negocios como bares, restaurantes o comercios. Pero el conflicto podría surgir con la pretensión de la patronal CEOE de eliminar la cláusula de salvaguarda del empleo, según la cual las empresas que han accedido a un ERTE no pueden despedir a ningún trabajador en un periodo de seis meses desde que termina el expediente de regulación. Y si lo hacen, están obligadas a devolver todas las ayudas públicas que han recibido.
Para los sindicatos, mantener esa cláusula resulta indispensable y consideran que si se suprime, la cifra de despidos se multiplicará. De hecho, y pese a que los ERTE blindan durante seis meses el empleo, las demandas por despidos van a más en Castellón. «Las pymes se encuentran cada vez más deterioradas económicamente y los expedientes de regulación temporal de empleo se están convirtiendo gota a gota en despidos individuales», apunta Vicent Arrandis, socio director del despacho de abogados Laborea de Castelló y profesor de Derecho de la Jaume I.
Otro punto de posible conflicto es la cuantía de las prestaciones a cobrar por los trabajadores afectados. Los sindicatos marcan como línea roja que se mantenga intacto el actual importe por el que los trabajadores suspendidos cobran el 70% de sus bases reguladoras.
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