Dimite el Gobierno holandés por un escándalo con las ayudas sociales
26.000 familias extranjeras fueron acusadas en falso de cometer fraude Una abogada española saca a la luz la discriminación en las subvenciones
Familias extranjeras residentes en los Países Bajos, en su gran mayoría turcas y marroquís, fueron acusadas, sin fundamento alguno, de fraude en las ayudas que recibían para el cuidado de sus hijos. La Administración no solo cortó el grifo de las subvenciones sino que obligó a los beneficiarios a devolver con carácter retroactivo el montante de lo recibido, sumiendo a núcleos familiares en la más absoluta ruina. Este escándalo, fraguado del 2013 al 2019, ha provocado la dimisión en pleno del Gobierno de centroderecha encabezado por el primer ministro Mark Rutte.
«El Estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso Gobierno y el sistema ha fracasado de forma estrepitosa», reconoció Rutte, que también informó de haber presentado la dimisión de su Gabinete al rey Guillermo Alejandro. El caso, con más de 26.000 familias afectadas, es el mayor escándalo político y administrativo del jefe de Gobierno, en el poder desde hace una década y con voluntad de volverse a presentar en las elecciones de marzo.
Cientos de personas fueron obligadas a devolver importantes sumas de dinero –hasta 100.000 euros en algún caso– en poco tiempo, forzándolas a perder sus hogares y a endeudarse. Muchos siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a causa del daño económico sufrido, algo que el Gobierno holandés quiere compensar ahora con una indemnización de 30.000 euros.
UNA ESPAÑOLA Detrás del arduo logro de sacar a la luz estas arbitrariedades administrativas hay una abogada española, la extremeña Eva González Pérez, hija de inmigrantes españoles y sumamente entregada a la causa. El escándalo estalló en el Parlamento y en la prensa nacional gracias a la perseverancia de esta letrada, nacida en Cáceres, que pasó años luchando para demostrar que sus clientes no habían defraudado a Hacienda y necesitaban las ayudas.
Los primeros casos se remontan al 2014, cuando la Agencia Tributaria empezó a enviar requerimientos acusando a las familias sin fundamento de fraude para obtener ayudas con las que pagar las guarderías de sus hijos. Las ayudas se bloqueaban aunque las familias enviaban los documentos necesarios, demostrándose más tarde que eran en su mayoría familias de origen extranjero, y que su segunda nacionalidad estaba señaladao.