El PSC carga contra el decreto de la prórroga electoral

Los especialistas en leyes del PSC se llevan las manos a la cabeza. A juzgar por su criterio, el decreto del Gobierno catalán por el que se suspenden las elecciones del 14 de febrero y se anuncia nueva fecha para el 30 de mayo es una «chapuza» porque deja la nueva fecha al albur de los datos epidemiológicos y genera inseguridad jurídica. A su juicio, se deja en manos del Gobierno la concreción o no de la nueva fecha.

Además, el PSC teme que en el decreto de medidas complementarias, el que concretará qué puede mantenerse y qué puede cambiar respecto al 14F, se va a abrir la veda para que se presenten nuevas candidaturas y se forjen nuevas coaliciones. «Sería una tomadura de pelo», sostienen los socialistas, que exigen no modificar nada de lo ya iniciado para el 14-F. En cualquier caso, el PSC no sólo valorará la cuestión legal sino las repercusiones políticas a la hora de decidir si recurre contra la nueva fecha electoral.

El partido estudia si recurrir la nueva fecha establecida el 30 de mayo

Mientras, el Gobierno catalán sigue de cerca los movimientos del PSC. El consejero de Exteriores, Bernat Solé, aprovechó una entrevista en Rac 1 para pedir explícitamente a los socialistas catalanes que no presenten batalla legal por «responsabilidad» y para que no sea un tribunal el que decida si se puede votar o no.

La viceprimera secretaria del PSC y portavoz de los socialistas en el Parlamento, Eva Granados, afirmó que desde la formación están «estudiando» si recurren el decreto del Govern que pospone las elecciones catalanas del 14 de febrero. Granados prefirió no pronunciarse acerca de esa posibilidad aún, alegando que tienen que «leerse bien el decreto». Sin embargo, sí que se mostró contraria a aplazar las elecciones hasta el próximo mayo: «Podríamos decidir suspender la democracia hasta que desaparezca la pandemia, porque en el momento en que entramos en pandemia cualquier movimiento y desplazamiento social tiene un riesgo», matizó.