El asalto al Capitolio pone el foco en ultras de la Policía y el Ejército
Al menos 32 miembros de agencias del orden participaron en la manifestación del pasado día 6 Dos agentes del edificio han sido suspendidos y más de una docena están bajo investigación
Dos policías en activo del estado de Virginia y dos veteranos de Alabama y Tejas han sido por ahora imputados con cargos por su participación en el asalto el día 6 al Capitolio. Son la punta de un iceberg que está volviendo ahora los focos a un problema real y no enfrentado en Estados Unidos: el auge y la infiltración del extremismo y el supremacismo blanco entre fuerzas del orden y Fuerzas Armadas, así como la creciente expansión de esas ideologías ultras entre veteranos. Unos y otros han sido objetivos centrales en esfuerzos de reclutamiento de grupos extremistas y milicias como los Oath Keepers.
Al menos 32 miembros de agencias del orden de 15 estados participaron en la manifestación según un recuento de The Appeal y 13 están bajo investigación según otro análisis de The Washington Post. Entre los agentes de la Policía del Capitolio, dos han sido suspendidos (uno que se tomó un selfie con los asaltantes y otro que con una gorra de Make America Great Again les daba direcciones) y más de una docena están bajo investigación.
Son números que, como ha declarado al Centro de Integridad Pública Devin Bughart, del Instituto para la Investigación y Educación sobre Derechos civiles, «deberían abrir los ojos a todos los estadounidenses sobre lo profundo que han arraigado los esfuerzos de grupos de extrema derecha de infiltrar agencias del orden y Fuerzas Armadas».
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ALERTA MILITAR El Pentágono, donde en diciembre el secretario de Defensa había ordenado precisamente una revisión de «actuales políticas, leyes y regulaciones relacionadas con la participación activa de miembros en servicio en actividad extremista o grupos de odio», investiga al menos a una militar en activo que dirigía a un grupo de unas 100 personas el 6 de enero. Pero lo más llamativo fue el inusual memorando que el martes el Estado Mayor de la Defensa distribuyó entre las tropas. «Cualquier acto para alterar el proceso constitucional no solo va contra nuestras tradiciones, valores y juramento; va contra la ley», rezaba el documento.
Mientras en Alemania, por ejemplo, se ha abordado recientemente de forma más frontal el grave problema, el Pentágono es lento en identificarlo y combatirlo pese a su extensión (según una encuesta del Military Times el año pasado más de un tercio del personal militar en activo y más de la mitad del de minorías dijeron haber sido testigos directos de expresiones de nacionalismo blanco y o racismo). Y cuando el especialista en grupos de extrema derecha de la Liga Antidifamación Mark Pitcavage testificó en el Congreso y enumeró una retahíla de ejemplos de militares radicalizados (unos que se ofrecieron a dar entrenamiento en explosivos o en cómo atacar a activistas de izquierda, otros que fueron sin autorización a Ucrania para entrenar a una milicia de derechas o un guardia nacional de Florida que fundó un grupo neonazi), denunció que «casi todos fueran inicialmente expuestos por periodistas o activistas antirracistas es otra problemática señal de que las ramas de las Fuerzas Armadas pueden no estar participando en suficiente escrutinio de sí mismas».
Algunos en las Cámaras exigen acción tras el asalto al Capitolio. Tammy Duckworth, veterana de combate que sirvió en Irak, envió una carta al secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller, asegurando que «preservar el orden y la disciplina requiere que las Fuerzas Armadas extirpen los extremistas que infiltran el ejército y amenazan nuestra seguridad nacional». Su colega en la Cámara Baja Jason Crow, también militar retirado, ha hablado de «crisis» y ha llegado a pedir al secretario del ejército de Tierra que revise el historial de todas la tropas que se van a desplegar en la toma de posesión de Joe Biden «para asegurar que no sean simpatizantes de terroristas domésticos».
LA POLICÍA BAJO SOSPECHA También $ la Policía, que hizo uso excesivo de fuerza durante las protestas contra la injusticia racial el año pasado, está especialmente bajo la lupa, aunque ya desde el 2006 el FBI alerta de que miembros de grupos supremacistas blancos organizados han trabajado para infiltrar agencias y a menudo tienen «enlaces activos» con la policía.
Aunque varios de los agentes suspendidos o investigados por participar en el asalto estaban fuera de servicio, sus propios líderes saben que es problemático. «Los ciudadanos tienen difícil creer que las decisiones que toman fuera de servicio no impactan en las elecciones y decisiones que toman cuando están de servicio», le ha dicho a The Washington Post Andrew Walsh, número 2 de la Policía de Las Vegas.
Durante la Administración de Donald Trump, que en el 2017 llegó a decir a los agentes que no se preocuparan por emplear violencia en arrestos, se ha dado marcha atrás a reformas policiales para investigar violaciones de derechos civiles.
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