El Periódico Mediterráneo

El covid da la puntilla a las empleadas de hogar y dispara el empleo en ‘B’

El paro se ceba en Castellón con este colectivo y solo cotizan 3.690, la cifra más baja en diez años Las mejoras laborales de las 3.700 trabajador­as de la provincia vuelven a aplazarse hasta el 2023

- ELENA AGUILAR eaguilar@epmediterr­aneo.com CASTELLÓN TRABAJADOR­AS DE SEGUNDA

Pertenecen a uno de los colectivos de trabajador­es más desprotegi­dos y la crisis del covid está estrangula­ndo todavía más sus derechos y sus ingresos. Las empleadas de hogar de Castellón (más del 90% son mujeres y, la mayoría, inmigrante­s) se sienten abandonada­s. Solo unas pocas se han podido beneficiar de las ayudas del Gobierno en forma de subsidio para paliar los efectos de la crisis. Muchas han perdido sus empleos y, sin derecho al paro, esperan la ayuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y mientras, los trabajos en negro se han disparado en un sector caracteriz­ado por un alto porcentaje de economía sumergida.

Las estadístic­as del Ministerio de Trabajo ponen números al drama que están viviendo muchas profesiona­les de Castellón. En diciembre del 2019 la cifra de afiliadas a la Seguridad Social era de 3.810 en la provincia. Un año después eran 3.690, el dato más bajo de la última década. O lo que es lo mismo: en un año 120 se han quedado en el paro, rompiendo de esta manera una tendencia alcista que se había iniciado en el 2015. «La situación por la que pasa el colectivo es muy mala. Algunas han sido despedidas y otras han pasado a trabajar en la economía sumergida. Antes del covid ya eran el eslabón más débil y esta crisis lo que ha hecho es precarizar­las todavía más», resume Isabel Medina, secretaria general de la Federación de Construcci­ón y Servicios de CCOO de Castellón, que reclama un plan que dé visibilida­d y dignifique este sector.

Si en la primera y segunda ola del covid las trabajador­as del hogar ya fueron tratadas como profesiona­les de segunda, en esta tercera las cosas no han cambiado en nada. Durante el confinamie­nto, algunas fueron despedidas y en la desescalad­a no todas recuperaro­n su empleo. «Hace un año limpiaba en seis casas y dos oficias. Ahora solo voy a cuatro y en las dos empresas me han reducido el horario», cuenta Mihaela, una trabajador­a que se dedica a este sector desde hace casi 20 años.

Más $ allá del subsidio que lanzó el Gobierno en verano para ayudar al colectivo y del que, a nivel nacional, tan solo se han gastado el 18% de los fondos destinados, las trabajador­as del hogar reclaman que se mejoren sus condicione­s laborales. «Es una reivindica­ción historia. Es urgente que sus derechos se equiparen al del resto de trabajador­es y ahora el Gobierno ha ampliado otros dos años más el plazo para que pasen a ser incluidas en el Régimen General», recuerda Medina, que insiste en que «los trabajador­es que menos ruido hacen siempre se quedan atrás».

Lo que piden todas las trabajador­as que se encargan de limpiar casa o cuidar de ancianos y niños es algo tan sencillo como equiparars­e en derechos al resto de trabajador­es. El colectivo reivindica que se ratifique el Convenio 189 de la Organizaci­ón Internacio­nal del Trabajo (OIT) para pasar a estar incluidas en el régimen general de la Seguridad Social y tener los mismo derechos que el resto de los trabajador­es: paro, baja por enfermedad, así como la eliminació­n del régimen de interna.

Para poder formar parte del régimen general, las trabajador­as del hogar van a tener que esperar un poco más. El Gobierno acaba de ampliar hasta el 2023 el periodo transitori­o para el sistema especial (por el que cotizan las 380.500 profesiona­les que trabajan de manera legal en España). Este sistema se creó en el año 2012 y debería haberse equiparado plenamente el 1 de enero del 2019, un plazo que se prorrogó inicialmen­te hasta el 2023 y luego se acortó al 2021 para volver a ampliarse de nuevo ahora.

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ISABEL MEDINA CCOO CASTELLÓN «La situación del colectivo es mala. Algunas han sido despedidas y otras han pasado a trabajar en la economía sumergida»

«Los plazos para que puedan equiparars­e al resto de trabajador­es se han ampliado ahora dos años, hasta el 2023»

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Más del 90% de los trabajador­es del colectivo son mujeres y, además, la mayoría son inmigrante­s. (( MEDITERRÁN­EO

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