Admiten la paternidad de la bebé de Alqueries, pero no la inscriben
La madre recibe un auto «provisional» que no le sirve para registrar a la niña ni pedir prestaciones Asociaciones de mujeres critican que el sistema hace prevalecer los derechos de su maltratador
El caso de la madre de les Alqueries, víctima de violencia de género, que no puede inscribir a su bebé de tres meses después de su nacimiento tuvo ayer un mínimo avance. En el Registro Civil de Nules entregaron un auto a Lorena, la afectada, en el que la jueza encargada reconoce que los padres de la menor son ella y su actual pareja. Un documento que, como lamenta, le sirve de momento de poco, pues le han remarcado que es «provisional» y por lo tanto no desbloquea su principal objetivo, que es registrar a la niña y, en consecuencia, poder acogerse a las prestaciones que la ley le reconoce a cualquier madre tras dar a luz.
En el texto del auto, la jueza no solo le comunica el reconocimiento de la paternidad, sino también que van a informar a su maltratador de esta resolución, pues legalmente sigue casada, después de dos años esperando la celebración del juicio de su divorcio.
REACCIONES El caso de Lorena ha $ despertado el absoluto rechazo de agrupaciones de mujeres de Castellón. Desde la Associació de Dones Clara Campoamor de la Vall d’Uixó, a la que pertenecen socias de la Plana Baixa, exigen que «en temas relacionados con víctimas de violencia de género y en situaciones de falta de recursos, debe darse la mayor celeridad posible a los trámites», destacan.
Con más contundencia se expresa Esther Jovaní, portavoz de En Clau de Dona. Tras conocer las circunstancias a las que está haciendo frente Lorena, asegura que el sistema judicial español «sigue una línea patrilineal, que todavía conserva el espíritu de la patria potestas, por la que se antepone la palabra del sujeto masculino a la del sujeto femenino», sentencia.
El maltratador de Lorena, tras ser informado por el juzgado de la existencia de la niña, llegó a decir que podía ser el padre, a pesar de que la víctima ha defendido en múltiples ocasiones que no ha tenido contacto con él en dos años, como se podría comprobar en los registros de la prisión donde ha estado ingresado ese tiempo, a parte de tener la prueba de paternidad.
Al respecto, Jovaní afirma que «él hace lo que hace, porque puede, sostenido por el sistema», y añade: «Él actúa para conseguir sus objetivos y el sistema judicial lo consiente, en detrimento de los derechos de la mujer y madre».
Consultados al respecto de las circunstancias a las que se enfrentan Lorena y su familia, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) explican que el procedimiento «ha de garantizar los derechos de todas las partes y requiere tanto dar trámite de audiencia al todavía cónyuge de la madre como traslado al Ministerio Fiscal, como garante de los derechos del menor, para que informe». Unos derechos del menor que, como advierte Lorena, están por proteger, pues tres meses después de su nacimiento sigue sin registrar, víctima indirecta de la burocracia que ata a su madre a su maltratador.
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