Posiciones sin cambios en el tramo final del juicio por el ‘caso Piaf’
La acusación mantiene su petición de culpabilidad y Fiscalía y las defensas no ven indicios de delito Las conclusiones hoy de los letrados de Rubert y Tomás dejará el proceso visto para sentencia
Las posiciones defendidas por la acusación particular (que representa al Ayuntamiento de Vila-real), el Ministerio Fiscal y las defensas de los finalmente seis acusados en el conocido como caso Piaf (el consistorio renunció ayer a la acusación del empresario Miguel Lobo) permanecen prácticamente inalterables en el tramo final de juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con el fin de dilucidar si hubo irregularidades penales en la relación contractual entre la mercantil en cuestión y el Ayuntamiento entre los años 2006 y 2011.
Y es que, aunque en un principio estaba previsto que las conclusiones de las partes concluyeran ayer, las comparecencias de los diferentes letrados y del fiscal se alargaron por espacio de algo más de cinco horas --desde las 10.00 hasta pasadas las 15.00--, por lo que, a propuesta de la presidenta del tribunal, se optó por trasladar a hoy la exposición de las consideraciones de los abogados que representan al exalcalde, Juan José Rubert; a su concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás; y al entonces técnico local y jefe del departamento liderado por Tomás, Miguel Ángel Zorrilla.
La primera en hacer balance de las sesiones del juicio fue la letrada de la acusación particular, quien relató los hechos por los que mantiene su acusación de prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental por parte de los procesados; y aludió a las facturas y procedimientos «irregulares» en la ejecución de obras como las del trinquete municipal que, recordó, se fraccionaron como trabajos de mantenimiento, pese a que se derribó el recinto por completo, incluida la cubierta, lo que elevó la inversión total a más de 500.000 euros.
Asimismo, recordó las declaraciones que realizaron en sede judicial el entonces secretario del Ayuntamiento de Vila-real, el interventor y el perito de la Intervención General del Estado, quienes reafirmaron la ilegalidad de varios de los procedimientos administrativos que se incluyen en el proceso judicial en cuestión.
Por su parte, varios de los letrados de la defensa de los empresarios acusados mantuvieron las afirmaciones que realizaron al inicio del juicio, en el sentido de que el mismo persigue un «interés político» y «electoralista» por parte del PSPV-PSOE. Asimismo, sostuvieron que «no existe la más mínima prueba ni indicio de que
existiera una concertación (entre Piaf y Ayuntamiento)».
Mientras, desde el Ministerio Fiscal se persiste en su posicionamiento de la ausencia de indicios suficientes y en que sobre las irregularidades en la facturación que sí que se reconoce que las hubo «no queda acreditado que se produjera un daño para el Ayuntamiento», por lo que «no se puede hablar de malversación».
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