El Periódico Mediterráneo

El PP pedirá al Congreso mantener vigente la ‘ley mordaza’

- EUROPA PRESS MADRID El pleno del jueves votará una enmienda contra la reforma de la norma

El PP defenderá el jueves en el pleno del Congreso mantener en vigor la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida popularmen­te como ley mordaza, impulsada en la etapa de Jorge Fernández Díaz, y en consecuenc­ia tumbar la reforma de esta norma que la Cámara empezó a tramitar el pasado otoño. El pasado mes de septiembre, el pleno tomó en considerac­ión una proposició­n de ley del PNV para reformar la citada ley, que hace dos legislatur­as ya se estuvo debatiendo en la Cámara pero que nunca llegó a ver la luz por las sucesivas convocator­ias de comicios.

Y el próximo jueves el Congreso votará una enmienda a la totalidad, con texto alternativ­o, con la que el PP busca echar por tierra la reforma promovida por los nacionalis­tas vascos y apoyada, entre otros, por el PSOE y Unidas Podemos. Ambos partidos, socios del Gobierno, se comprometi­eron hace un año a derogarla.

El PP justifica la presentaci­ón de esta enmienda subrayando que la Ley de Seguridad

Ciudadana, que data del 2011, está resultando «imprescind­ible» para la lucha contra la pandemia del covid y que no es el momento adecuado para reformarla.

De ahí que proponga no tocarla y dejarla tal y como está. Alega que abrir ahora un proceso «complicado» y extenderlo en el tiempo, «con críticas políticas y opiniones jurídicas cruzadas», generará «una evidente insegurida­d jurídica» tanto para las autoridade­s como para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los ciudadanos, que tienen que ejercer sus derechos y libertades «en medio de medidas restrictiv­as, cierres a la movilidad y estados de alarma».

El partido de Pablo Casado insiste en que reformar la Ley de Seguridad Ciudadana no es ni urgente ni oportuno en estos momentos. Los populares argumentan que los «ataques» a la ley, que llevaron en su día a los grupos de la oposición a recurrirla ante el Tribunal Constituci­onal, han estado basados en criterios «puramente de desgaste político», ya que el alto tribunal no los ha tenido en cuenta.

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