El Estado y los bancos desatascan las ayudas directas a empresas
El Tesoro traslada al sector que la idea es aprobarlas en marzo si Bruselas da luz verde Las patronales ultiman un estudio sobre la situación de la deuda y su posible impacto en el déficit
El Gobierno y la banca llevan desde al menos finales de agosto analizando medidas para evitar que cientos de miles de empresas que atraviesan dificultades de liquidez por la pandemia acaben desapareciendo por problemas de solvencia. Los movimientos se han acelerado en los últimos días. Esta misma semana se ha producido una nueva reunión por videoconferencia entre el Ministerio de Economía (representado por el Tesoro y el Instituto de Crédito Oficial, ICO), el Banco de España, las patronales AEB y CECA, y los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell). Y ayer el Ejecutivo confirmó que «reformará el marco legal para poder aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas».
Las negociaciones han tratado sobre tres asuntos. El primero fue el alargamiento de los plazos de vencimiento y carencia de los créditos a empresas avalados por el ICO, aprobado en noviembre. El segundo se centra en cómo refinanciar a las compañías viables que hayan recibido esos créditos y atraviesen dificultades de pago. Y el tercero consiste en cómo reforzar la solvencia de las empresas sostenibles en apuros. Este último es el que llevaba más retraso, pero «el Tesoro por primera vez ha verbalizado que sí, que vamos a ello», sostienen fuentes bancarias.
El secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, ha trasladado en las reuniones que «hay que seguir trabajando para tenerlo en marzo», según las fuentes. El Ministerio de Economía apunta que la intención es aprobarlo «cuanto antes», pero precisa que se tardará un tiempo en lograr la autorización de la Comisión Europea.
Se trabaja en hacer una estimación de qué parte de la deuda empresarial es sostenible (pagable), qué parte es insostenible (no se podría pagar ni refinanciándola por las malas perspectivas de la compañía), y qué parte puede llegar a abonarse si se cambian sus condiciones. El Banco de España ha cedido a la AEB y la CECA, que tienen apoyo de la consultora Oliver Wyman, acceso a datos agregados y anónimos de su Central de Información de Riesgos y su Central de Balances para que realicen un estudio que «permita valorar el impacto del covid-19 en el sector empresarial español e identificar posibles medidas».
Ese informe debe servir para calcular qué impacto podrían sufrir las cuentas públicas, ya que las medidas de refinanciación y reestructuración analizadas pasan por alargamientos de plazos, quitas en la deuda o conversión de parte de dicha deuda en capital.
El Gobierno, según explican fuentes de la administración, tendrá que adoptar «medidas legislativas» para que el ICO pueda asumir quitas y para permitir refinanciar la deuda no avalada a la par que la garantizada.
BUENAS PRÁCTICAS
La idea, como $ adelantó este diario en diciembre, es crear un marco de actuación que contemple una serie de situaciones distintas en que puedan estar las empresas. Dicho marco fijará una «especie de código de buenas prácticas», apuntan diversas fuentes, que los bancos se comprometerán a cumplir y que busca tanto evitar que compitan entre sí por lograr mejores condiciones en la refinanciación como que se adelanten para intentar endosar toda la pérdida al ICO. Una vez en marcha, el ICO no tendrá que aprobar todas las refinanciaciones, solo quizás las de mayor importe, sin perjuicio de que pueda controlarlas a posteriori.
En cuanto a las medidas de solvencia, como publicó este diario en noviembre se están analizando subvenciones directas, entradas en el capital y la deuda corporativa (con instrumentos como los créditos participativos), o la creación de un fondo público-privado de capital riesgo. La Comisión Europea aprobó la semana pasada la ampliación del marco temporal de ayudas de Estado hasta final de año y va a permitir la conversión de apoyos reembolsables y garantías en subvenciones directas.
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El nuevo marco
comunitario permite avanzar en los apoyos directos a la solvencia