La tercera ola redobla las peticiones de ayuda social
16.000 familias tienen descuentos en la luz, 2.053 cobran el IMV y los servicios sociales atienden en la capital a 90 personas al día
16.000 familias de Castellón tienen descuentos en la luz, 2.053 cobran el IMV y servicios sociales atiende en la capital a 90 personas al día
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Pobreza y pandemia empiezan por la misma letra. Y las dos están relacionadas. La primera es la más grave de las consecuencias de una crisis económica que dura ya casi un año y que amenaza seriamente con resucitar el fantasma del 2008, cuando la falta de ingresos suficientes para pagar las facturas o hacer la compra dejó de ser un problema que afectaba solo a una minoría de familias. Pero si hace doce años, muchas personas de Castellón se refugiaron en la economía sumergida, ahora las restricciones dificultan esta opción. ¿La consecuencia? Durante las primeras semanas de este año, y coincidiendo con la tercera ola, las solicitudes de ayuda social han vuelto a dispararse. Y de nuevo la historia se repite: los servicios sociales de los ayuntamientos vuelven a estar desbordados, como también lo están organizaciones como Cruz Roja o Cáritas.
Tras cerrar el 2020 prestando ayuda económica, de manutención o de acompañamiento a 66.700 personas en Castellón, en Cruz Roja aseguran que en este arranque de año no dan abasto. «Cada día que pasa las solicitudes son más numerosas. Estamos desbordados y lo peor es que vemos que esta situación no se va a frenar. Esperamos un año muy duro», cuenta Omayra Serrano, presidenta provincial de esta oenegé.
En Cáritas Diocesana el panorama que describen es exactamente el mismo. «Hay mucha necesitad y es una clara consecuencia de la situación que estamos viviendo: ERTE, negocios cerrados, empleos alternativos afectados por las restricciones... Todo esto influye en personas y familias que ya de por sí son vulnerables y hace que, pese a que algunos tienen un empleo, no puedan hacer frente a los gastos del hogar», aseguran desde la entidad. TRABAJADORES EN LA RUINA Tras un mes de enero en el que el precio de la luz llegó a subir hasta los 90 euros por megavatio hora en plena ola de frío (en las últimas semanas, no obstante, las tarifas han vuelto a bajar), encender la calefacción se ha convertido en un lujo que muchos hogares con rentas muy bajas o en situación de desempleo de Castellón no pueden permitirse. Y eso que 15.642 hogares de la provincia se benefician del bono social eléctrico, un descuento de entre el 25 y el 40% de la factura que promueve el Gobierno central mediante las empresas suministradoras de energía. Una ayuda a la que desde el pasado mes de octubre pueden acogerse también aquellas personas afectadas por un ERTE o que están en paro siempre que cumplan unos requisitos.
Casi 16.000 hogares de la provincia tiene descuento en la factura de la luz, pero hace cuatro años eran muchos más, 25.591. Y la razón es una modificación en los requisitos del acceso a la ayuda que se realizó en el 2017 y que, en la práctica, posibilitaba que una segunda residencia tuviera acceso a la ayuda, dado que el único requisito era tener poca potencia contratada, independientemente del nivel de renta de su propietario.
Pero el bono social no es, ni mucho menos, la única ayuda que existe. En verano, el Gobierno puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación de la que en Castellón se benefician 2.053 hogares (datos a 30 de diciembre), cifra lejana de los 11.000 previstos cuando se aprobó la iniciativa a mitad de año.
Desde que empezó la pandemia, los ayuntamientos también han redoblado las iniciativas para intentar rescatar a todas aquellas familias sin ingresos o cuyas rentas les impiden llegar a fin de mes. En Castelló, por ejemplo, el año pasado se concedieron 10.355 ayudas de emergencia social (una unidad familiar puede ser beneficiaria de más de una ayuda y en varias ocasiones a lo largo del año) por un importe de 3,5 millones de euros, un 54% más que en 2019. De esas prestaciones, la mayoría fueron para alimentación e higiene y el pago del alquiler .
La avalancha de peticiones de ayuda asistencial ha sobrepasado a los servicios sociales de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia. Un ejemplo. Cada día del 2020, los centros de servicios sociales de la capital atendieron a una media de 90 personas, frente a las 60 del 2019. Y en Vila-real, más de lo mismo. El año pasado se tramitaron 640 ayudas de emergencia por valor de 30.700 euros.
La demanda de ayuda no cesa y el grueso de los ayuntamientos de Castellón incrementará este 2021 su partida presupuestaria. Es el caso de Almassora, que subirá un 35% las ayudas sociales para poder atender a una cifra creciente de familias, casi la mitad pobres a consecuencia de la pandemia.