Ayudas inaplazables
El pasado viernes, el Gobierno acordó notificar a la Comisión Europea la ampliación del ámbito de las ayudas directas a las empresas, amparándose en el nuevo marco establecido por la CE que por primera vez permite la conversión de anticipos, garantías y préstamos en subvenciones directas. Ese mismo día el Ejecutivo comunicaba al Banco de España, las patronales y los cinco grandes bancos su intención de emprender las modificaciones legislativas necesarias para hacer posibles los distintos tipos de medidas (refinanciación de deuda y aplazamiento de los vencimientos, ayudas de capital, subvenciones directas) que deberían ayudar a sectores enteros del tejido empresarial español a salir vivos de una travesía por el desierto de la crisis del covid-19 que amenaza su misma supervivencia. Un doloroso tránsito que se ha hecho más largo de lo previsto y tiene un horizonte más incierto de lo que se asumió en cuanto llegaron las primeras buenas noticias sobre el desarrollo de las vacunas y se empezaron a proyectar escenarios de normalidad en fechas que quizá finalmente sean más lejanas.
Hasta el momento, lo hecho ha sido mucho, una intervención del Estado de un grado impensable en otras circunstancias menos desesperadas. Según Calviño, los apoyos públicos en España equivalen al 20% del PIB, el 5% en ayudas directas y el 15% en medidas de liquidez). Según los datos del FMI, el recurso a las ayudas directas a las empresas ha sido notablemente inferior en España respecto al resto de Europa, incluso respecto a economías menos dependientes del turismo, y por lo tanto menos vulnerables a una crisis como la provocada por el covid-19, u otras no menos afectadas por este motivo pero aún más endeudadas que España, como Italia.
La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, confirmó ayer que «es el momento de ayudar a la solvencia de las empresas». Se podría matizar que ha llegado el momento (si no lo había hecho ya) en que estas medidas para facilitar liquidez y evitar cierres de empresas resultan ya imprescindibles, y sin un impulso decisivo se puede correr el riesgo de que se llegue tarde en el proceso de implementarlas. El horizonte fijado en marzo (el mismo en el que, si el Gobierno no se lo replantea, finaliza la exención del régimen de concurso de acreedores de las empresas) no permite prórroga ni dilación. Hace meses que se debate la necesidad de dar el paso hablando en términos de futuro.
Como recordó Calviño, las iniciativas necesarias para evitar que, sector tras sector, se entre en un ciclo de insolvencia de empresas que serían perfectamente viables una vez recuperada una cierta normalidad dependen del sí de Bruselas y de reformas legislativas que condicionadas por una aritmética parlamentaria en la que ha sido posible desde tener en vilo la aprobación de medidas de emergencia durante la pandemia hasta poner en peligro la aprobación del decreto que establece las fórmulas de recepción y distribución de los fondos europeos. Sería desesperante que la segunda de esas condiciones fuese más difícil que cumplir que la primera, ya fuese por falta de agilidad en la tramitación de unas reformas, efectivamente, complejas, o por la incapacidad de llegar a acuerdos en una cuestión de importancia vital para la economía española.
Hará falta mucha agilidad y ninguna traba parlamentaria para que el apoyo directo a las empresas no llegue demasiado tarde