La Vilavella decide comprar el párking por 434.500 euros
El Ayuntamiento da una salida al litigio, que el PSOE critica por «hipotecar» al pueblo
El Ayuntamiento de la Vilavella ha resuelto el litigio que mantenía con la empresa concesionaria de la construcción y explotación del párking subterráneo desde que, en el 2008, se recepcionaron las obras sin que las instalaciones hayan llegado a funcionar en algún momento. El consistorio pagará 434.500 euros por la propiedad del aparcamiento en una decisión que la alcaldesa, Carmen Navarro, tilda de «valiente».
La resolución de este conflicto de intereses había llegado a los tribunales y, según los asesores del gobierno local, existían dos opciones: «Ganar, pero tener que pagar unos 500.000 euros por el párking, o perder y vernos obligados a hacer frente a los casi 1,8 millones que reclamaba la empresa».
Tras solicitar un informe experto externo, se hizo una estimación del valor actual de la infraestructura y se cerró el acuerdo con la constructora, por lo que se evitará ir a juicio, que estaba previsto para el mes de junio de este año.
Para hacer frente a este gasto, el Ayuntamiento ha tenido que contratar un préstamo que, según el Partido Socialista, en la oposición, «hipoteca a los posteriores gobiernos municipales», aparte de advertir que la Vilavella va a pagar 525.000 euros, con IVA, «por un espacio que era del pueblo».
El portavoz socialista, Sebastià Roglà, recordó ayer que durante la legislatura pasada se inició una negociación con la concesionaria para reabrir el aparcamiento, un diálogo en el que participó la actual alcaldesa, entonces concejala de Obras. La empresa pedía un millón de euros «y nos negamos, por eso no se entiende que ahora hayan accedido a pagar».
Navarro da respuesta a esa cuestión al recordar que un juicio, según los asesores municipales, incluso en el mejor de los casos, habría acabado con un desembolso superior al que se ha cerrado con este acuerdo.
La alcaldesa incidió en que esta obra «a la Vilavella no le convenía», pero la decisión la tomó un gobierno del PP que no asumió su responsabilidad al respecto. «El problema estaba sobre la mesa y debíamos resolverlo», explicó.
A un precio ostensiblemente inferior al que planteaba la empresa, el gobierno local espera poder vender las plazas a razón de unos 7.000 euros de por vida --hay 79 plazas--, con lo que se recuperaría lo gastado y se daría servicio.