No más complicidades
Los disturbios acontecidos en diferentes ciudades españolas, y en especial en Cataluña, tras la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél son inaceptables y condenables. Ninguna causa, por muy noble que sea, puede defenderse con violencia, ni los violentos merecen más que una repulsa sin fisuras. Para que una democracia funcione, el cumplimiento de las reglas es obligatorio, como también los es seguir los cauces establecidos para cambiar estas reglas. A golpe de contenedor quemado no se reivindica más que la destrucción.
La sentencia condenatoria de Hasél es muy controvertida y criticable, como lo han hecho destacados juristas. Se puede disentir de ella, y se puede argumentar la necesidad de cambiar las leyes en que se basa el fallo e incluso impulsar estos cambios legislativos. La libertad de expresión es un bien sagrado, a preservar.
La juventud de este país tiene muchos motivos para la irritación. Los nacidos a finales de los 90 o ya en este siglo no han conocido más que una concatenación de crisis que amenaza el ascensor social. Desigualdad, paro y precariedad son moneda común generacional. En este contexto, cualquier chispa puede dar lugar a una movilización de protesta. Ahora bien, por muchos motivos que pueda haber, la violencia por la violencia nunca es la forma de canalizar el malestar. Por todos es sabido que en Barcelona, desde hace años, de forma periódica se suceden graves altercados en la calle protagonizados por una minoría antisistema a la que no le importa las causas de las movilizacio
En una sociedad sana debe ser compatible defender en la calle la libertad de expresión, el control de la policía y la crítica a los violentos
nes. Las anteriores a la de estos días acontecieron con motivo de las protestas contra los líderes del procés.
En este contexto, hace ya tiempo que la actuación de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra está bajo la lupa. El historial de malas praxis policiales es largo, pero no más que el de la violencia callejera al que los agentes deben enfrentarse, últimamente de una virulencia preocupante. Una policía democrática debe encontrar siempre el punto medio entre el derecho de la manifestación y la defensa del espacio público y de la ciudadanía ante las acciones de los violentos. El uso proporcional de la fuerza es esencial, incluso en situaciones cargadas de tensión. Que una manifestante pierda un ojo es condenable y debe ser investigado. Acierta Interior al revisar los protocolos de actuación de los agentes. Ahora bien, es inadmisible que se ponga en cuestión el trabajo de los Mossos, que se lamine su autoridad y que se utilicen los disturbios como arma negociadora para formar un Gobierno de coalición. Todas las fuerzas políticas, incluidas las que están en el Gobierno o en trámite de estarlo, deberían criticar con igual contundencia los errores y los excesos policiales y judiciales y los errores y los excesos de algunos manifestantes.
En una sociedad sana y democrática debe ser compatible el pleno ejercicio de libertad de expresión (por parte de todos, desde artistas hasta periodistas), manifestarse a favor de ella, criticar la mala praxis policial y denunciar los excesos de la manifestación. De la misma forma que por exigencia democrática hay que velar por que el Estado cumpla con su trabajo bajo estándares democráticos, es necesario que el sistema político y la sociedad entera repudien la violencia de estos días.