División en el Gobierno
Las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos (UP), socios del primer Gobierno de coalición de la democracia, pasan posiblemente por su peor momento desde que hace poco más de un año se constituyó el Ejecutivo. Sin ánimo de ser exhaustivos, en los últimos meses las dos partes del Gobierno han discrepado en la revisión del salario mínimo, en las reformas laboral y de las pensiones, en la política de vivienda (alquileres), en la factura de la luz, en el ingreso mínimo vital, en las leyes trans y de igualdad de trato, en si en España hay o no una democracia plena y en la regulación de los delitos de opinión y de la libertad de expresión a propósito del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.
En un Gobierno de coalición, la diferencia de opinión o de enfoque en determinados temas es lógica. Solo hay que recordar lo sucedido durante los dos tripartitos en Cataluña para valorar el nivel de conflictividad a que puede llegarse. En España falta la costumbre. Sin embargo, el nivel alcanzado entre el PSOE y UP empieza a ser excesivo, sobre todo porque los conflictos salen cada día a la luz pública -en lugar de abordarlos antes en el seno del Gobierno-, ofreciendo una imagen de descoordinación y desbarajuste.
Es como si una parte del Gobierno, sobre todo la del partido minoritario, quisiera siempre recurrir a la exposición pública para ganar terreno para imponer sus tesis. El ejemplo más claro son las leyes sobre el colectivo LGTBI y la igualdad de trato. En el primer caso, el Ministerio de Igualdad, en manos de UP, sitúa una línea roja en la autodeterminación de género, cuando existe un enconado debate en el feminismo y en la sociedad. En el segundo, el PSOE presentó la ley por su cuenta, sin el apoyo de UP, que, a su vez, sondeó a otros grupos parlamentarios para tumbar la admisión a trámite. Es incomprensible que eso ocurra formando parte del mismo Gobierno.
La división se ha producido también en el intento de regular de manera distinta los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la Corona, entre otros relacionados con la libertad de expresión. En este sentido, UP presentó un proyecto para derogarlos mientras el PSOE anunciaba una ley para revisarlos, eliminando las penas de prisión. Se puede discrepar sobre si los preceptos legales deben ser corregidos o derogados, pero, en todo caso, este debería ser un debate previo.
Y lo que no tiene justificación alguna es que la divergencia se lleve al extremo de no condenar los disturbios ocurridos en diversas ciudades españolas por el encarcelamiento de Hasél y, al contrario, se aliente a los manifestantes desde las redes sociales, como se ha hecho desde UP. Este caso se ha aprovechado para incidir en el debate sobre si en España hay o no normalidad democrática, suscitado por Pablo Iglesias en la campaña electoral catalana. Después de días sin responder a su vicepresidente segundo, Pedro Sánchez le acaba de corregir diciendo que España es una democracia plena en la que la violencia es inadmisible. Es una puntualización acertada que debería servir para rebajar el tono y para que las dos partes asuman sus responsabilidades antes de que la situación ponga el peligro el Gobierno de coalición, que, por otra parte, el PSOE y UP aseguran que no se va a romper en ningún caso.
Es como si una parte del Ejecutivo, sobre todo la del partido minoritario, quisiera siempre recurrir a la exposición pública para ganar terreno