Crece la protesta en Panamá por los abusos en centros de acogida
Un informe detalla las atrocidades sufridas por niños en los albergues
Panamá continúa soliviantada. Las protestas en la calle, especialmente de jóvenes, no cesan a pesar de que el escándalo se hizo público hace ya más de dos semanas. Pasan los días y, con ellos, un goteo de detalles abundan en las barbaridades que se cometieron desde el 2015 en 14 centros de acogida públicos del país; lugares que, llamados a ser hogares de protección y cuidado para niños vulnerables y huérfanos, se convirtieron en otro epicentro más de abusos y malos tratos. «Queremos cárcel» es una de las consignas más escuchadas en las protestas que se suceden día sí, día también.
Entre esas barbaridades figuran abusos sexuales, con niñas que han denunciado que religiosos las dejaron embarazadas y luego las obligaron a abortar, malos tratos físicos y psicológicos, comida para perros destinada a los niños, menores con enfermedades venéreas, jóvenes discapacitados inmovilizados con esposas, medicación caducada, colchones en el suelo y habitaciones sin luz ni ventanas como áreas de castigo.
La peor parte se la llevaban los menores discapacitados, invitados a «orar» en lugar de recibir la medicación prescrita para enfermedades como la epilepsia. Y menores en situación de riesgo social fueron ubicados en lugares compartidos por personas con algún tipo de drogodependencia.
Es la retahíla de delitos reflejada en un informe elaborado por la Asamblea Nacional que ya está en manos de responsables políticos y de la judicatura. Hay ocho investigaciones abiertas, según la fiscalía, que, en sus primeras pesquisas, apunta a los profesionales de los albergues como autores de los hechos. El ministerio público confirmó que ya hay imputados, aunque no facilitó detalles.
Antes del informe de la Asamblea, quienes tiraron del hilo fueron dos trabajadoras sociales que perdieron su empleo por poner negro sobre blanco lo que habían visto.