El Gobierno anuncia 11.000 millones de ayuda a la hostelería
Pedro Sánchez afirma que será un «paquete adicional» para empresas, pymes y autónomos La vicepresidenta Nadia Calviño espera poder presentar un plan durante el mes de marzo
Con las empresas, en especial las de hostelería, reclamando ayudas, y con Podemos presionando al PSOE para que apruebe medidas de este tipo, Pedro Sánchez anunció ayer un «paquete adicional» de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y autónomos.
«Es una cantidad importante de recursos para afrontar lo que tenemos por delante, en sectores que eran competitivos antes de la pandemia, como el sector turístico, la hostelería y la restauración. Son 11.000 millones de euros para reforzar la solvencia de sus balances, y puedan así retomar su actividad, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores que requieren para iniciar en plenitud de facultades la recuperación económica», dijo el jefe del Ejecutivo durante su intervención ante el pleno del Congreso para dar cuenta de la evolución de la situación provocada por el covid-19.
Según fuentes del Ejecutivo, el nuevo plan de actuaciones por 11.000 millones de euros incluirá dos fondos: uno de ellos para atender quitas en las deudas bancarias de las empresas en dificultades y un segundo fondo para recapitalizar pymes y reforzar su solvencia que, según estas mismas fuentes, incluirán ayudas directas a las pymes.
El diseño del plan corre a cargo de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que espera poder presentarlo en las próximas semanas, antes de que finalice el mes de marzo, una vez haya cerrado su negociación con el Banco de España y las entidades financieras. Este plan llegará en todo caso con gran retraso, si se tiene en cuenta que el propio Pedro Sánchez lo anunció el 13 de noviembre, hace más de tres meses, citando a los sectores de turismo, hostelería, comercio, ocio y cultura como beneficiarios.
Además, los 11.000 millones se quedan lejos de los planteamientos de las organizaciones empresariales. Ayer, las de turismo, comercio y hostelería avisaron al Gobierno de que «lo que se necesita son ayudas directas e inmediatas» y dejan la posible condonación de deudas para otro momento.
Lo cierto es que el Gobierno y la banca llevan desde al menos finales de agosto del año pasado analizando medidas para evitar que cientos de miles de empresas que atraviesan dificultades de liquidez como consecuencia de la pandemia acaben desapareciendo por problemas de solvencia causados por el alargamiento de la crisis.
Las negociaciones han tratado sobre tres asuntos. El primero fue el alargamiento de los plazos de vencimiento y carencia de los créditos que los bancos han concedido a empresas con aval de entre el 70% y el 80% del ICO (115.225 millones de euros en 951.053 operaciones, el 98% para autónomos y pymes), que se aprobó el pasado noviembre. El segundo asunto se centra en cómo refinanciar a las compañías viables que hayan recibido esos créditos y atraviesen dificultades de pago. Y el tercero consiste en cómo reforzar la solvencia de las empresas sostenibles en apuros mediante ayudas de capital. Sobre la mesa está la posibilidad de inyectar subvenciones directas a las compañías y de reforzar su solvencia mediante mecanismos como los créditos participativos (unos instrumentos financieros que están a medio camino entre los préstamos y las acciones), como ya ha puesto en marcha la Generalitat Valenciana.
El esquema que está diseñando la vicepresidenta Calviño pivota sobre un sistema de quitas a partir de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que no acaba de convencer ni a las entidades financieras ni al propio Banco de España, cuyo gobernador lleva semanas abogando por un sistema de ayudas directas.
El Gobierno quiere evitar que toda la quita se cargue sobre los créditos avalados hasta en un 80% por el ICO y quiere repartir la carga con las entidades financieras. Desde el sector financiero, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, advirtió ayer de que «no tiene ningún sentido plantear quitas» en el pago de los créditos ICO.
En una conferencia en la Cámara de Comercio de Sabadell, Oliu dijo que no puede haber un «planteamiento generalizado» dictado desde el Gobierno y que la banca debe poder analizar «caso por caso» la viabilidad de cada empresa.
De hecho, según Oliu, plantear quitas generalizadas «sería adverso». «Llevaría a un incentivo a no pagar deudas, y sería injusto con todos los que no entraron en las líneas ICO», afirmó.
En paralelo a los dos fondos de ayudas a las pymes en los que el trabaja el Ejecutivo (de reestructuración de deuda y de recapitalización), el Gobierno sopesa ampliar la moratoria de los concursos de acreedores forzosos más allá del 14 de marzo, según publicó este diario la semana pasada. La medida, reclamada por la patronal CEOE y por la banca y apoyada por el Banco de España, buscaría evitar una oleada de suspensiones de pagos. Además, permitiría ganar tiempo para desplegar los nuevos fondos de ayuda y la reforma de la ley concursal en la que trabaja el Ejecutivo para agilizar estos procesos y evitar cierres.