El disputado campanario de Benicarló espera sentencia sobre su titularidad
Juicio por la pugna de obispado y Ayuntamiento
Juicio histórico el celebrado ayer en el juzgado de instrucción n° 2 de Vinaròs, presidido por la jueza Cecilia Alzaga, en el que abordaron la pugna entre el Ayuntamiento de Benicarló y la diócesis de Tortosa por la titularidad del campanario de Benicarló, aledaño al templo de Sant Bertomeu.
La vista reunió a todos los alcaldes en vida, desde 1976 hasta 2015. El primero en declarar fue el más veterano, Ramón Soriano (1976-1979). Su testimonio tuvo un plus añadido pues, además de primer edil, ejerció en su niñez de monaguillo de Sant Bartomeu y, en la década de los 60, en el ejercicio de su profesión, fue el encargado de instalar el pararrayos en la torre. Haciendo gala de una mente preclara y excelente memoria, Soriano recordó como, en su etapa de monaguillo, fue testigo de una conversación que constataba que para realizar cualquier actividad en el monumento era pertinente la autorización del alcalde. Asimismo, aseguró que la colocación del pararrayos fue aprobada por la corporación municipal.
Tras Soriano, testificaron el resto de exalcaldes (Jaime Mundo, Enric Escuder y Marcelino Domingo) y todos ellos coincidieron en afirmar que era la administración local la que se ocupaba del mantenimiento y sufragaba todos los gastos que generaba el campanario. Unos trabajos que, como confirmó el responsable de la brigada de obras, ejecutaban operarios municipales o las empresas contratadas por el consistorio.
Domingo, además, recordó que cuando se llevó a cabo la restauración del templo para alojar la exposición de La Luz de las Imágenes, la Generalitat valenciana desestimó la propuesta del consistorio de incluir el campanario en la rehabilitación, arguyendo que se trataba de un bien municipal.
Más contundente fue el arquitecto municipal, Luis Pérez, ya jubilado, quien remarcó que el plano del Catastro, que sitúa en la misma finca el templo y el campanario, es «erróneo». «Posiblemente debido a que, cuando se elaboró, se tomó una fotografía aérea y, al existir entonces un quiosco entre ambos, se plasmó como un conjunto», señaló, y añadió que, en la relación de bienes inmuebles que tiene el consistorio, «siempre ha estado incluida la torre».
El antropólogo y campanero Francesc Llop también declaró y, más que entrar a valorar qué estamento es el legítimo propietario, lamentó el «pésimo estado de conservación» del campanario.
Llegado el turno de la parte demandada (el obispado de Tortosa) el rector de Sant Bertomeu, Carlos García, arguyó que la propietaria es la sede tortosina y que fue él, en persona, quien inmatriculó el bien a favor del estamento eclesiástico. Un gesto que, según el párroco, «marcó un antes y un después en la relación con el Ayuntamiento». Sin embargo, el resto de testimonios quisieron poner énfasis en que el trato siempre ha sido cordial entre las partes.
La posesión de las llaves de la torre fue otra cuestión que denunciantes y demandados defendieron como propia. Pero, a la hora de aportar fechas y cronología de los hechos, fue el sacerdote e historiador Josep Alanyà quien, remontándose hasta la época de Alfonso X El Sabio y al Derecho de Patronato o Privilegio de Carga, defendió la propiedad de la diócesis «desde tiempos inmemoriales». Ahora, será la jueza quien dirimirá