El Congreso aprueba entre críticas las ayudas a las empresas
Nadia Calviño se abre a ampliar los sectores beneficiarios, pero confía en que no haga falta Unidas Podemos lanzó pullas a la ministra de Economía y defendió que la norma es mejorable
El Congreso dio ayer la primera luz verde al plan de 11.000 millones de euros (7.000 millones en ayudas directas) en apoyos a empresas del Gobierno, pero con una crítica unánime de todos los partidos de la oposición tanto al contenido de las medidas como a la elaboración y gestión que de las mismas ha hecho la vicepresidenta Nadia Calviño. Incluso el socio minoritario de la coalición del Ejecutivo, Unidas Podemos, lanzó pullas a la ministra y defendió que la norma es mejorable.
El real decreto llegó a la Cámara entre presiones de los grupos parlamentarios al Gobierno para que amplíe los 95 sectores económicos que podrán recibir las ayudas directas, así como para que permita que el dinero llegue también a compañías que registraron pérdidas en el 2019, entre otros cambios. La norma se va a tramitar como proyecto de ley, con lo que habrá que ver qué cambios pactan los grupos parlamentarios en las próximas semanas en el trámite de enmiendas al texto.
Calviño se mostró dispuesta a incluir más actividades económicas beneficiarias, pero de forma bastante renuente. «Cuentan con nuestra disposición a valorar la ampliación del listado de sectores que en el futuro puedan cumplir con los requisitos establecidos [más de 10% de trabajadores en erte y no haber reincorporado al 75% de los empleados que estaban en erte en los máximos del pasado abril], aunque por supuesto lo que esperamos es que la evolución económica haga que cada vez haya menos sectores y empresas que cumplan estos requisitos», dijo.
El proyecto salió adelante con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Teruel Existe y el PRC; y las abstenciones de PP, PNV, Ciudadanos, EH-Bildu, CUP, UPN y Foro Asturias. La diputada de Ciudadanos María Muñoz criticó que se haya esperado un año para dar las primeras ayudas y consideró que estas eran «insuficientes».
Todos los partidos criticaron al Gobierno por aprobar las ayudas meses después que otros países comunitarios. «No ha sido fácil llegar hasta aquí, se ha reproducido el intenso debate de siempre en el seno del Gobierno, de un lado los que desean volver cuanto antes a la mal llamada austeridad, del otro lado los cabezones que decimos que la austeridad no fue solo cruel con los más débiles sino que es una receta económica fracasada», lanzó Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, en clara referencia a la vicepresidenta Calviño. Precisamente, en una discusión en los pasillos del Congreso entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la primera le pidió al líder de Unidas Podemos que no fuera «cabezón». A partir de entonces, en esta formación aseguran ser «cabezones» en la defensa de sus posturas y en el cumplimiento del acuerdo de Gobierno de coalición.
Los grupos también criticaron que los límites y requisitos fijados por el Ejecutivo van a restringir enormemente el número de empresas beneficiarias (solo una de cada 12, según Ciudadanos), que los 7.000 millones pueden ser insuficientes (advertido por el Banco de España), y que no se haya dialogado con las comunidades autónomas que van a vehicular las ayudas directas ni se les haya permitido ajustarlas los criterios de reparto a las necesidades del tejido productivo de cada región.
EL PP APELA A LA RESPONSABILIDAD
Justificó su abstención «por responsabilidad», pero instó al Gobierno a simplificar la concesión de ayudas, lamentando su diputada Elvira Rodríguez «un procedimiento de gestión largo, costoso» y que «recae sobre las comunidades, a las que «obligan a comprobar factura a factura», sin además haberlo debatido ni consultado. Ha señalado que «el problema del reparto territorial» se resolvería con créditos ampliables.
La oposición considera que las medidas son insuficientes