Los olvidados de la cadena de valor
La Administración Pública no está exenta de responsabilidad en la precarización de las relaciones laborales
Patiño*
La subcontratación de actividades fue uno de los destacados éxitos del liberalismo económico en el mundo del trabajo. El mensaje con las bondades y ventajas de ese relato ha ido calando en la sociedad, cuando en realidad se trata, simplificadamente, de la derivación de responsabilidades, de un abaratamiento de costes y de un doble control hacia las trabajadoras y los trabajadores. Bajo esas premisas, el derecho del trabajo ha ido rebajando sus estándares de protección durante décadas que, salvo alguna honrosa excepción como el acuerdo sectorial de la construcción de 2006, ha debilitado profundamente el tamaño de la empresa hasta límites inaceptables.
El pacto de Gobierno del pasado 2020 entre PSOE y Unidas Podemos supuso un revulsivo, al recoger expresamente que «modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa». Un compromiso que requiere de una acción política decidida en pos del beneficio de la mayoría social.
Desde el punto de vista empresarial, competir en costes en la realización de servicios esenciales de la actividad, solo conduce a mantener condiciones de trabajo de segunda y de tercera categoría en espacios físicos comunes. No en vano, la protección en materia de seguridad y salud dista mucho del cumplimiento de la normativa. Ejemplos de accidentes mortales como el que tuvo lugar en Onda del pasado mes, o más llamativos como la subcontratación en la instalación de energías renovables, con una tendencia claramente ascendente de la siniestralidad laboral, merecen nuestra más absoluta repulsa.
En ese esmero, la Administración Pública no queda exenta de la responsabilidad en la precarización de las relaciones laborales en numerosos servicios clave para el desarrollo de la sociedad. Personal de limpieza de hospitales, servicios de mantenimiento o aquellos que resultan necesarios para las ciudades, como es el caso del alumbrado, han visto cómo estos compromisos adquiridos por el Botànic, a través de la Ley Valenciana de Responsabilidad Social, se incumplen por la demora injustificada de su reglamentación. Se perpetúa así la ruleta rusa a la que se enfrentan estas personas trabajadoras ante un cambio de contrata en manos de la Administración.
Desde el mundo sindical, al menos los tres últimos años, han sido muy frecuentes los intentos de cercar todas las vías de escape de las empresas para garantizar una subrogación de las plantillas en caso de cambio de contrata. Fruto de esta acción sindical, se aborda la negociación de un decreto para introducir estas mínimas condiciones en la contratación pública.
Mientras se eterniza la tramitación de la norma, desde CCOO PV y UGT PV planteamos a la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana la necesidad de dar respuesta a una situación laboral profundamente injusta. El resultado es un acuerdo que implica a todas las patronales sectoriales y a todas las entidades de la administración valenciana.
Evidentemente, es el primer paso para corregir uno de esos aspectos que, para la presidenta de la Fundación CEOE «si funcionan, no hay que cambiarlos». Lamentablemente, los hechos constatan que los últimos nueve años han dejado muchos cadáveres, un número de personas pobres absolutamente insoportable y un tamaño de empresas cada vez más reducido.
¿Es esto lo que hace prosperar la economía? ¿Quién se beneficia de esa precariedad? ¿Este es el modelo productivo que debemos mantener? Desde CCOO PV consideramos que la externalización del riesgo empresarial y la maximización de beneficios a costa de la devaluación de las condiciones laborales, choca frontalmente con lo que consideramos como trabajo digno para una sociedad decente. Nos lo debemos, se lo debemos. Ahora sí que toca.