Vila-real cerró 2020 con una deuda del 56%, siete puntos menos que el 2019
El consistorio cumple también la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto marcada Benlloch y Cortells se enzarzan en una nueva discusión con cruce de reproches
El pleno del Ayuntamiento de Vila-real dio ayer cuenta del informe de la Intervención municipal que cifra el endeudamiento municipal, al cierre del 2020, en un 56,02% lo que supone, indicaron desde el consistorio, siete puntos menos que un año antes con una deuda situada en el 63,42%. El endeudamiento no excede el límite del 75% de los ingresos corrientes liquidados, explicaron desde el gobierno local, lo que permite concertar nuevas operaciones de préstamo sin necesidad de autorización del órgano de tutela financiera de la Comunitat Valenciana.
Además, desde el ejecutivo destacaron que la documentación económica acredita el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda. A este respecto, el alcalde y edil de Hacienda, José Benlloch, informó que, debido a la situación de la pandemia y por decisión del Congreso de los Diputados, «estas reglas fiscales están suspendidas para el 2020 y el 2021, pero en caso de estar en vigor, este Ayuntamiento las cumpliría» y no estarían «sometidos a ningún plan económico-financiero, a pesar de que desde el 2011» han pagado «más de 30 millones por el urbanismo del PP y lo que aún queda».
Pero en la sesión ordinaria de marzo, todavía telemática y con algunos problemas puntuales en la conexión, también hubo tiempo para otras cuestiones e incluso broncas. El PSPV y su anterior socio de gobierno, Compromís, visibilizaron una vez más su animadversión. De nuevo, hubo cruce de palabras, algunas con cierto acaloramiento, entre el alcalde Benlloch y el concejal Santi Cortells por una consulta de este último en el turno de ruegos y preguntas. Benlloch afeó que Cortells elevara una cuestión velada de un vecino e insinuará que el concejal Emilio Obiol no era accesible. La discusión creció de intensidad por momentos.
También intercambio de pareceres en cuestiones referentes a la mujer. En una moción del PP en la que solicitaba más fondos a los municipios por el Pacto de Estado sobre la violencia de género, la edila de Vox, Irene Herrero, tildó de «instrumentos del feminismo radical para lesionar derechos fundamentales» a este acuerdo, así como a la ley integral que consideró que solo sirven «para expoliar a los ciudadanos y financiar chiringuitos ideológicos».