Macrooperación contra una red de estafadores en Castellón
Detienen a 58 personas e investigan a otras 12 en la provincia y en Barcelona La banda timó a 167 responsables de negocios con un botín de 220.000 €
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil han desarticulado en Castellón y Barcelona un grupo de expertos estafadores que simulaban ser operarios de empresas eléctricas para engañar a dueños y responsables de negocios, principalmente de hostelería . En la operación han sido detenidas 58 personas y otras 12 investigadas, acusados de cometer 167 estafas a nivel nacional que les habrían reportado más de 220.000 euros de beneficio. Con todo, la cifra podría ser mayor porque no han concluido las investigaciones. Quince de las detenciones se han practicado en Castellón, donde se han recibido dos denuncias por estos hechos.
Los detenidos, supuestamente, efectuaban llamadas a los comercios y facilitaban datos verídicos y creíbles sobre los contratos con las diferentes compañías suministradoras de energía. Así, convencían a sus víctimas de la existencia de pagos sin ejecutar, con la consiguiente deuda con las empresas suministradoras contratadas.
Bajo la amenaza de que procederían al corte inminente del suministro si no abonaban la deuda contraída, infundían el temor a sus víctimas, que decidían hacer efectivos esos pagos mediante transferencias bancarias a cuentas que les facilitan los estafadores. Todo para evitar un supuesto cese de fluido, que conllevaría la pérdida de material comestible y cancelaciones de clientes. A tal efecto, se le facilitaba un número de cuenta bancaria vinculado a la organización, así como las instrucciones para que efectuase lo más rápido posible el pago on line.
Realizado el ingreso, retiraban el dinero en cajeros, o bien transferían los fondos a terceras cuentas de otros miembros de la trama (mulas). Así lograban evitar que el montante no fuera bloqueado o reembolsado al pagador.
Las llamadas se efectuaban en fin de semana, cuando los comercios están en máxima afluencia, para retrasar que las víctimas hicieran gestiones para verificar si la deuda reclamada era verídica.
La investigación se inició al detectar una serie de denuncias con el mismo denominador común a lo largo de todo el territorio nacional, principalmente, de zonas turísticas de las provincias Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias.
Los cabecillas de la trama estaban en posesión de datos reales de clientes debido a sus vinculaciones laborales como comerciales o subagentes de empresas comercializadoras o tenían suficientes conocimientos técnicos sobre el sector. Así podían dar alta credibilidad a sus palabras, que lograban convencer a las víctimas.
Durante las restricciones a comercios por la pandemia, la red modificó el destino de las llamadas y se detectaron numerosas a negocios de primera necesidad.
A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. Asimismo se practicaron cinco entradas y registros en los domicilios de los máximos responsables de la organización. En uno de ellos se destapó una plantación de marihuana.