Solicitan urgencia para recuperar el Derecho Civil Foral Valenciano
La propuesta llegó al Congreso en febrero del 2020 y sigue a la espera de su debate Los defensores de este proyecto piden a los grupos políticos respaldar su postura
La pandemia ha retrasado muchas gestiones administrativas en el ámbito público y entre ellas están las propuestas legislativas autonómicas a debate en el Congreso de los Diputados. Aunque una de las iniciativas de la Comunitat acumula un retraso adicional: la recuperación del Derecho Civil Valenciano, una reivindicación que la Associació de Juristes Valencians quiere reactivar estos días.
Con este propósito concreto, esta misma semana se han trasladado hasta Madrid representantes de la mencionada entidad, que han mantenido contactos con diferentes partidos políticos con la intención de revertir los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de una serie de leyes en este ámbito, tras la aprobación en el 2006 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
Su reivindicación, por tanto, no es nueva. Ni siquiera su última petición de debate lo es, pues les Corts --el Govern del Botànic incluyó en su pacto este objetivo-- envío la iniciativa al Parlamento en febrero del 2020. Desde entonces no ha habido ningún avance, razón por la cual, con el respaldo de Unidas Podemos, la asociación ha presentado ahora en el Congreso un escrito «solicitando la tramitación urgente de la recuperación del Derecho Civil Valenciano» porque, como advierten, desde la aprobación del Estatuto hace 15 años, «estamos vacíos de contenido legislativo en la materia», indica Susi Boix, miembro de la Associació de Juristes Valencians.
Su visita a Madrid no se limitó a registrar su petición. También concretaron encuentros con representantes de diferentes grupos políticos parlamentarios, como la socialista Susana Ros, el popular Óscar Gamazo y con Inés Arrima
das, de Ciudadanos. Recuerda Boix que el PP fue quien aprobó el Estatut, que auspició la tramitación de tres leyes propias «que en el 2016 fueron declaradas inconstitucionales». En concreto fueron las del régimen económico matrimonial, la de custodia compartida y la de uniones de hecho.
Esta entidad profesional ha firmado un convenio de colaboración con la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, para, como detallaron desde el Consell, «dar continuidad al trabajo conjunto que se venía realizando para el desarrollo de iniciativas en defensa de la capacidad de legislar y desarrollar un derecho civil propio de la Comunitat». Ese convenio tiene una dotación económica de 15.000 euros.