Un hito contra la crisis climática
Uno de los grandes hitos en la lucha contra el cambio climático fue el Acuerdo del Clima de París (2015), que prevé reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con un compromiso global que debe concretarse en las llamadas «contribuciones determinadas a nivel nacional» para lograr que la temperatura media del planeta no llegue a superar, a finales de siglo, los 2º en relación a los niveles preindustriales, limitando el previsible aumento si es posible en los 1,5º. Es esta perspectiva, y también en la que plantea la Unión Europea para 2050 (ser el primer continente neutro en emisiones de CO2, es decir, con una generación de gases inferior a la que la naturaleza pueda absorber) que debe contemplarse la aprobación por el Congreso de los Diputados de la ley de cambio climático y transición energética, la primera legislación integral del Estado Español para la descarbonización de la economía. La ley, que algunas organizaciones ecologistas como Greenpeace o Fridays for Future consideran poco ambiciosa, pero que representa un paso adelante en cuanto a su pretensión de globalidad y a la periodización de las acciones a las que debe dar paso, es al mismo tiempo un documento exigente en cuanto a la radical intervención que se anuncia en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y una declaración de intenciones que aboga por la toma de conciencia de la ciudadanía. Uno de los aspectos más positivos, realzado por la portavoz parlamentaria del PSOE, es que se plantea como un eje sobre el que habrá de pivotar la reconstrucción económica y social tras la pandemia, subrayando que la preocupación por
Habrá tiempo de fijar objetivos más ambiciosos: la legislación para descarbonizar la economía fija un camino inequívoco sin vuelta atrás
el Planeta no solo es necesaria, sino útil y que la lucha contra la emergencia climática es una oportunidad de desarrollo sostenible; por ejemplo, a través de la rehabilitación energética de los edificios. También debe anotarse que la ley del clima incide notablemente en el aspecto educativo, especificando la obligación de introducir la temática ambiental en el currículum escolar.
La ley prevé una reducción para 2030 del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990. El objetivo parece moderado, pero para hacerlo realidad es necesario cumplir objetivos que tenemos lejos, como la generación para entonces de tres cuartas partes de la electricidad a partir de fuentes renovables, un primer paso par a llega r al 100% en el 2050, pero aún más la transformación radical de la movilidad. Entre las medidas más destacadas para lograrla cabe citar el fin de la comercialización de los vehículos de combustión (gasolina y diésel) a partir de 2040 y la obligación de contar con puntos de recarga para asegurar la viabilidad de los coches eléctricos, la reducción de la contaminación atmosférica con la creación de zonas de bajas emisiones (como ya ocurre en Barcelona) o el compromiso para con la movilidad sostenible con un impulso al ferrocarril como transporte preferente. Es este un reto inmenso pero asumible. Lo más importante es enfocar todos los esfuerzos en ese sentido: una vez esté claro que este es el único camino, y sin retorno, puede llegar el momento de fijar objetivos más ambiciosos.
Esta legislación nace con unas claras finalidades y una voluntad política de llevarlas a cabo que no puede verse entorpecida por oposiciones partidistas. A la vez, es necesario estar atentos a su concreción, desarrollo y efectividad. Es un instrumento imprescindible para empezar a salvar el futuro.