230.000 empleados públicos podrán teletrabajar tres días a la semana
El pacto excluye servicios presenciales necesarios como la atención en ventanilla Quienes no quieran desarrollar sus tareas a distancia no estarán obligados a hacerlo
Los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) podrán teletrabajar hasta un máximo de tres días a la semana. Así lo han acordaron ayer el Ministerio de Función Pública y Política Territorial y los sindicatos con la representación mayoritaria, que culminan así cinco meses de negociaciones y dará cobertura a un total de 230.395 empleados públicos. El texto rubricado por las partes excluye del mismo a todos aquellos trabajadores ubicados en puestos que requieran de presencialidad, es decir, asegura la atención en ventanilla o similares para el ciudadano de a pie. Y, a su vez, remite siempre a la «voluntariedad» del trabajo a distancia para los empleados, por lo que aquellos que no quieran teletrabajar no estarán obligados a hacerlo.
La entente firmada ayer por el ministro Miquel Iceta y CSIF, UGT, CCOO, CIG y ELA da continuidad al acuerdo marco rubricado en septiembre del 2020, cerrado en paralelo a la nueva ley del teletrabajo para el sector privado. Dicho acuerdo era un paraguas para todo el sector público y debía ser luego cada departamento quien negociara con sus trabajadores sus acuerdos concretos de teletrabajo, adaptados a la casuística de cada instancia. Así lo corroboraron ayer en la AGE, un colectivo que agrupa a los funcionarios del SEPE o de la Tesorería General de la Seguridad Social, entre otros.
LAS FUERZAS ARMADAS La entente, no obstante, excluye a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía o de los juzgados, que pertenecen a la AGE pero quedan excluidos de este acuerdo por sus particularidades. Lo que deja, según cálculos sindicales, a unas 230.395 personas cubiertas por este nuevo acuerdo.
En la Administración, el teletrabajo se acuerda por capas. Ahora que se ha cerrado la entente para la AGE, que a su vez venía del acuerdo marco del sector público, deberá ser «cada departamento ministerial u organismo público», según el texto del acuerdo, quien realice un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo. Y, a partir de ese estudio, negociar con los sindicatos una serie de objetivos para pactar el ejercicio a distancia durante un máximo de tres días a la semana.
Una vez determinados qué puestos pueden realizar sus funciones a distancia y cuáles no, los empleados de la AGE que puedan y quieran trabajar a distancia deberán presentar anualmente una solicitud ante su departamento. Y dicha petición deberá ser autorizada por parte de un superior jerárquico. La denegación del ejercicio de dicho derecho «habrá de ser motivada, sin que el mero cumplimiento de los requisitos para el acceso a la convocatoria presuponga la concesión», detalla el acuerdo.
El pacto contempla que la Administración tenga la obligación de dotar de «un equipo informático con tarjeta de datos y las aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para su actividad», así como toda la formación para utilizarlas. Los teletrabajadores deberán realizar el mismo número de horas que trabajarían presencialmente y registrar su jornada (fichaje). No obstante, el acuerdo contempla unas horquillas de cierta flexibilidad.