Una jueza investiga si hay delito en tener interinos de por vida
Intenta esclarecer la posible prevaricación de altos cargos públicos de la Genaralitat catalana El Gobierno central de coalición se ha comprometido a atajar la elevada temporalidad
La excesiva temporalidad de los funcionarios interinos en España ha vuelto a los tribunales, pero esta vez a un juzgado de instrucción. El año pasado, la justicia europea censuró al Estado el «abuso» de esta contratación y, sobre todo, que permita que miles de empleados eventuales en la Administración deban pasar por un proceso de selección abierto a todo el mundo para ocupar unas plazas que llevan tiempo ocupando.
Ahora, esta situación será investigada por la vía penal. Es decir, se intenta esclarecer si altos cargos públicos han cometido un presunto delito de prevaricación administrativa al dictar resoluciones que se suponen arbitrarias y contrarias a la jurisprudencia europea y la legislación española. Esta querella puede provocar un efecto en cadena en España.
La jueza de instrucción de Barcelona Silvia López Mejías ha admitido a trámite la querella presentada por la Associació Plataforma de Interins/es de Catalunya (PIC) y ha citado a declarar como investigadas para el próximo 21 de junio a Pilar Sorribas Arenas, directora general de Funció Pública, y a Annabel Marcos Vilar, secretaria de esta área dependiente de la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat. En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada sostiene que los hechos pueden «revestir caracteres de delito» e incoa un proceso judicial.
925.900 INTERINOS España es un país en el que no hay plaza para tanto interino. El abuso de la temporalidad en la función pública es pecado reprendido por la UE en distintas ocasiones y por distintas vías. Lo han reconocido parlamentos autonómicos, lo han recogido micrófonos de voz de políticos que actualmente se sientan en el Consejo de Ministros y hay 925.900 trabajadores con un contrato eventual que pueden dar cuenta de ello. Y pese a que nadie se atreve a negarlo, tampoco ha habido hasta ahora Gobierno que haya podido, querido o sabido ponerle el cascabel a ese gato, aunque Ejecutivo de coalición se ha comprometido a atajar esta elevad temporalidad.
Maestros, administrativos, bibliotecarios, personal de las oficinas públicas de empleo… la eventualidad afecta al 28% de los trabajadores del sector público, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) referentes al 2020. Una temporalidad que supera en cinco puntos la registrada en el sector privado (23%). Entre las batas blancas de médicos, enfermeros o practicantes --tan aplaudidas en la pandemia-- los contratos por días o el ir entrando y saliendo cada poco son habituales; hasta el punto de que uno de cada 10 de sanitarios tiene un contrato de menos de tres meses.