El veredicto del caso Floyd pone a revisión el racismo policial en EEUU
El Departamento de Justicia abre una investigación sobre la policía de Mineápolis «No podemos detenernos aquí, es insuficiente», dice el presidente Biden
Culpable, culpable, culpable». Estados Unidos, y especialmente la comunidad negra, repiten emocionados como un mantra liberador las tres condenas que un jurado de 12 miembros dictó el martes contra el exagente de la policía de Mineápolis Derek Chauvin por el asesinato el 25 de mayo del año pasado de George Floyd, el hombre negro cuyo caso desató en el país la mayor ola de protestas por los derechos civiles en décadas. Prácticamente nadie, no obstante, respira aliviado. El racismo policial se sigue identificando como un problema sistémico en EEUU ante el que se saben necesarias acciones tomadas no solo en casos particulares e irrefutables o en los tribunales, aunque al menos este caso en concreto ha servido para reactivar ese examen y revitalizar el debate sobre potenciales reformas del sistema policial y penal.
El mismo martes, horas des
El expolicía Derek Chauvin, al salir de la sala tras el veredicto.
pués del veredicto, el presidente Joe Biden identificaba la resolución del caso como un potencial «paso gigante hacia la justicia en EEUU» pero también reconocía que la condena era una decisión «demasiado inusual». El mandatario aseguraba, además, que la obligación ahora es «plantarle cara al racismo estructural y a las disparidades raciales que existen en la forma de proteger a los ciudadanos y en el sistema penal». «No podemos detenernos aquí», dijo Biden, «es insuficiente».
De momento, con iniciativas legislativas aún en gestación en el
Congreso, y en distintas fases en los municipios y estados donde se han emprendido revisiones, el proceso empieza con el foco en Mineápolis. Ayer miércoles el fiscal general, Merrick Garland, anunció que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación civil del cuerpo de policía de la ciudad que tratará de determinar si despliega «patrones y prácticas inconstitucionales» tanto en acciones con sospechosos de minorías raciales como con los manifestantes, a los que se reprimió con dureza en las protestas del año pasado.
De dar con violaciones de la ley esas pesquisas podrían acabar no solo en un informe público sino en un acuerdo, ratificado y supervisado por los tribunales, que obligaría al Departamento de Policía de Mineápolis a reformas.
Está extendida también la sensación de que la resolución del caso contra Chauvin es una excepción más que la nueva norma. Como señaló también Biden, lo que ocurrió aquel 25 de mayo fue «un asesinato a plena luz del día». Fue grabado por una adolescente, lo que permitió desarticular la y falsa versión inicial oficial. Y en el juicio, además, se ha producido la anomalía de que líderes policiales testificaran contra otro uniformado. Lo dijo también Biden: «hizo falta todo eso para que el sistema judicial ofreciera una simple, básica, rendición de cuentas».
El expresidente Barack Obama también emitió un comunicado tras el veredicto, que calificó como «un paso necesario en el camino hacia el progreso pero lejos de uno suficiente». Obama pidió reconocer que «millones (...) viven con miedo de que su próximo encuentro con agentes del orden puede ser el último». Y sus palabras retumbaban recordando la muerte, durante el juicio a Chauvin, de Daunte Wright en Mineápolis, y cobraban una dimensión especial cuando se sabía que, poco antes de que se emitiera el veredicto, un policía blanco de Columbus (Ohio) mataba de cuatro disparos a una adolescente negra de 16 años que estaba involucrada en una pelea con un cuchillo.