Procesan a Fabra por ocultar patrimonio y blanqueo de capitales
El juez entiende que pretendía impedir que cobrara Hacienda
El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación y del PPCS, Carlos Fabra, al entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la justicia y la administración tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, además de percibir sobornos y blanquear dinero.
El instructor dirige también la causa contra la mujer del político, dos de sus hijos, un yerno y cinco empresarios, así como contra cinco sociedades mercantiles como personas jurídicas. En cambio, ha decretado la extinción de responsabilidad penal por prescripción de los delitos para siete investigados y el sobreseimiento provisional para otros once.
El magistrado-juez de Adscripción Territorial que ejerce como sustituto en el juzgado 4 de Castellón relata en la resolución que Carlos Fabra y su mujer, María Desamparados F. B. , «urdieron y llevaron a la práctica un plan para ocultar la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales».
Pretendían así evitar un eventual embargo judicial por los casi 920.000 euros que el político adeuda a la Agencia Tributaria por una condena de delitos fiscales. Contarían «con el auxilio» de sus hijos Borja y Claudia F.B. y del marido de esta, Fernando C. I.
Según el juez, la «situación de aparente penuria económica» del principal investigado no resulta acorde con haber recibido entre 2007 y 2017 abonos en efectivo en cuentas tituladas a su nombre por importe de casi 2,7 millones de euros. También se contradice con «haber mantenido una intensa actividad bancaria, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26 millones de euros a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, no aplicados finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración».
Las transferencias se camuflaban presuntamente en algunos casos como préstamos personales privados u opciones de compra de inmuebles, «en consideración a su persona», y «ostentar una posición de influencia política en la provincia», señala el auto conocido ayer.
El instructor detalla algunas de esas operaciones como las entregas de dinero realizadas a Fabra por algunos empresarios. El juez atribuye indiciariamente al político, su mujer, sus dos hijos, su yerno, su asesor Alejandro L. H., y los empresarios Miguel P. F, Fernando R. A. y Fernando R. N., un delito de frustración de la ejecución.
Aprecia indicios de cohecho contra Fabra, y delitos del mismo tipo, «si bien puntuales y no continuados», en la actuación de Fernando R. A. , Fernando R. N., Miguel P. F. y Enrique G. E. Además, aprecia blanqueo de capitales con la ayuda de familiares.