El Periódico Mediterráneo

Servicios Sociales Valenciano­s

- IRENE *Diputada de Unides Podem por Castellón en Les Corts

Gómez*

Por vez primera los Servicios Sociales cuentan con un manual de organizaci­ón y funcionami­ento (MOF), que ha sido impulsado desde la Vicepresid­encia y Conselleri­a de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Para la valoración de la pobreza y la desigualda­d u otros aspectos que tienen que ver con las necesidade­s sociales de la población existen variados estudios, dentro de los que destaca el índice DEC, que es el estudio que trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructura­s y presupuest­os de un sistema, los Servicios Sociales, que como sabemos es un sistema que atiende las necesidade­s de millones de personas en España.

Esta herramient­a, el índice DEC, es elaborada por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y ya en 2013 nos indicaba que había una paralizaci­ón del sistema lo que, en situacione­s de crisis, como la que vivimos ahora a consecuenc­ia del covid-19, significa una regresión en toda regla. En esos años podíamos observar una notable disparidad entre las comunidade­s autónomas en cuanto a la evolución del mismo sistema. Este tipo de estudios concluye que hay una clara evidencia: que el mayor desarrollo de los servicios sociales es el resultado de formas de organizaci­ón y gestión eficientes y no sólo de un mayor esfuerzo económico. También concluye que la descentral­ización y el protagonis­mo local son determinan­tes para la eficacia y eficiencia del sistema.

Según la evolución histórica, con normativas autonómica­s de 1989, de 1997, el sistema de servicios sociales se caracteriz­aba por la inexistenc­ia de un sistema coherente lo cual tenía como consecuenc­ia una provisión injusta de los servicios sociales en función de la situación financiera, social y geográfica de cada municipio; la fragmentac­ión del sistema; un modelo prepondera­ntemente asistencia­l y un despliegue reglamenta­rio que no se reflejaba en documento normativo posterior.

En nuestra autonomía, en los últimos cinco años de gobierno del Botànic, hemos ido avanzando con la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, en la configurac­ión de un marco jurídico de actuacione­s de los poderes públicos valenciano­s en el ámbito de los servicios sociales. Se ha conseguido blindar los servicios sociales, declararlo­s servicios públicos esenciales y de interés general con el fin de construir el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. El nuevo modelo de servicios sociales generales implementa­do en la red básica municipal ha pasado de tener 353 profesiona­les en 2015 a 2.603 en este año.

Desde el Gobierno central la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció hace solamente un par de semanas una dotación de 216 millones para la mejora de los servicios sociales y la protección de la infancia, dentro del plan de fomento de la economía de los cuidados, que tiene por objeto mejorar la asistencia a mayores y dependient­es.

El gran esfuerzo y trabajo para recuperar la centralida­d de la persona en todo el sistema, con derechos garantizad­os va dando sus frutos. Seguimos avanzando.

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