El Estado indemniza a un jornalero con 8.600 €
El hombre, con una cardiopatía, tardó un año y medio en lograr la baja
La Seguridad Social ha sido condenada a reconocer la baja por incapacidad permanente a un jornalero que sufre una dolencia cardiovascular y que, pese a ello, le negó el subsidio durante año y medio. El Estado deberá abonarle 8.600 euros en concepto de pagos atrasados, tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 19 de Barcelona. El fallo judicial, ganado por el bufete Campmany Abogados, da la razón al trabajador y reprende al organismo público por tramitar el alta con tan solo una exploración superficial y sin tener en cuenta los informes médicos precedentes.
El hombre, que quiere preservar su anonimato, tiene 30 años y no podrá volver a trabajar os es su profesión: peón agrícola, su profesión desde los 16 años. Ha ido alternándola con el oficio de lampista y algún que otro trabajo temporal, pero en los últimos seis años se ha dedicado al cultivo de tres hectáreas de un vivero de plantas.
Un trabajo exigente. Labrar, cargar y descargar sacos de tierra, mover palés con centenares de maceteros… «Me gustaba mucho mi trabajo, era para lo que me había formado y estaba a gusto. Pero hace año y medio empecé a notar unos dolores físicos en el corazón y los médicos no sabían decir qué era. Hasta que un día me dio una crisis y me detectaron una arteria obturada».
El hombre cogió la baja el 4 de enero del 2018 y entonces empezó un vía crucis de consultas, exámenes y exploraciones para determinar el alcance de su dolencia. «Pasé por más de 100 visitas, acabas machacado psicológicamente», explica. El diagnóstico final es de asma bronquial y cardiopatía isquémica, una enfermedad que obstruye el riego sanguíneo de las arterias al corazón y de la que cada año mueren en Europa cuatro millones de personas, según un estudio del Hospital Clínic de Barcelona. «Que te diagnostiquen algo así con mi edad… Te obliga a aceptar que no puedes hacer muchas cosas. Emocionalmente me afectó mucho».
AÑO Y MEDIO A LA ESPERA Pese a ello, el 26 de noviembre del 2019 el INSS le denegó la baja por incapacidad permanente. Inicialmente los servicios de evaluación médica aceptaron una incapacidad permanente para «trabajos de esfuerzo», según recoge la sentencia, aunque cuatro meses después acabó denegándola y calificando el estado del jornalero como «sin limitaciones funcionales actuales», pese a reconocer que las dificultades para realizar trabajos físicos persistían.
El juez reprende ahora al Estado por revertir la baja por incapacidad al considerar que «no es dable aceptar las conclusiones del último informe sobre la ausencia de limitaciones funcionales, ni tampoco la conclusión del informe que ratificó el perito propuesto por la entidad gestora, realizado tras una única exploración por auscultación y remitiéndose al diagnóstico de las patologías sin otra valoración».