Una ley integral para el clima
La ley de cambio climático y transición energética, la primera de estas características que se implanta en España, ha sido aprobada finalmente por el Congreso y representa un avance muy considerable para cumplir con el objetivo de la descarbonización plena del país en el 2050. La legislación responde al reto planteado en el Acuerdo del Clima de París del 2015, ratificado por España, y que prevé la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para que la temperatura media del planeta no supere, a finales de siglo, los 2º de aumento en relación a los niveles preindustriales. La perspectiva marcada por la Unión Europea plantea el límite en los 1,5º, para lo cual será necesario un esfuerzo ingente que sitúe la reducción inicial en un 55% para el 2030. La ley, por ahora, prevé que este porcentaje sea del 23% de la emisión en relación a 1990, pero la misma norma establece una revisión al alza dentro de dos años. Sin embargo, no se han tenido en cuenta las reivindicaciones del sector azulejero.
Más allá de las cifras, lo más destacado del texto aprobado se resume en tres factores: su afán integral, es decir, la ambición de afrontar la lucha contra el cambio climático desde múltiples perspectivas con una apuesta decidida por una economía más verde; la relación que se establece entre los objetivos ambientales y la recuperación económica como un binomio indisoluble, y la consideración de la ley como el establecimiento de unos parámetros urgentes, «con la convicción que esto hay que acelerarlo», como ha dicho la ministra de Transición Ecológica. La ley marca unos mí
Asumir que los objetivos ambientales y la recuperación económica son un binomio indisoluble es uno de los aciertos
nimos y también la necesidad imperiosa de superarlos para estar acorde con los objetivos del Acuerdo de París.
Analizando la nueva legislación, sobresale el fin de la comercialización de los vehículos de combustión de gasolina y diésel y la reducción paulatina de sus emisiones para que sea cero en el 2040, con el plazo de 10 años más para que no circule ni uno de estas características. Tendrá que incrementarse notablemente, en este sentido, la implantación de los coches eléctricos. Asimismo, la prohibición de explotaciones de hidrocarburos y el uso de la técnica del fracking, la reducción de la contaminación atmosférica provocada por el uso de combustibles fósiles con la creación de zonas de bajas emisiones (como ya ocurre en Barcelona) en ciudades de más de 50.000 habitantes, y el impulso a la rehabilitación energética de los edificios o el compromiso para con la movilidad sostenible con el ferrocarril. El objetivo de que tres cuartas partes de la electricidad generada provenga, en 10 años, de unas energías renovables que serán del 100% en el 2050, es, seguramente, una de las metas más ambiciosas, con un despliegue que tiene que ser compatible con la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. La ley habla también de sensibilidad medioambiental en los centros educativos y de una dieta sostenible con alimentos de temporada y proximidad que no acrecienten la huella de CO2.
Aun a pesar de que algunas organizaciones ecologistas como Greenpeace consideran que la ley tiene lagunas y, en algunos casos poca concreción, lo cierto es que se trata de un paso al frente necesario e ineludible, un marco global que será una herramienta útil siempre que su desarrollo responda a las expectativas que ha creado.