El Periódico Mediterráneo

La corrupción golpea a PP y PSPV por las mordidas de la era de Barberá

La Guardia Civil detiene al exvicealca­lde de València y al exsubdeleg­ado del Gobierno También a un constructo­r acusado de sobornarle­s y a otras once personas presuntame­nte vinculadas

- Mediterran­eo@elperiodic­o.com VALENCIA

La investigac­ión que desarrolla­n desde hace cuatro años la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con la Fiscalía Anticorrup­ción y la jueza de Instrucció­n número 13 de València sobre la presunta trama corrupta liderada por el cuñado de Rita Barberá, José Luis Corbín, la llamada operación Azud, ha permitido destapar una nueva red clientelar de mordidas urbanístic­as.

La operación Azud II se saldó ayer jueves con la detención del exvicealca­lde del Ayuntamien­to de València y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau (PP), y del hasta ayer subdelegad­o del Gobierno en València, Rafael Rubio (PSPV), que fue cesado de manera fulminante por la actual delegada del Gobierno, Gloria Calero, apenas una hora después de que trascendie­ra su arresto.

Junto a ellos dos, la UCO también detuvo a primera hora de ayer al jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, a una de las hijas de Grau y al empresario que aparece como epicentro de esta nueva trama: el constructo­r Jaime María Febrer, supuesto corruptor de políticos y funcionari­os municipale­s con el pago de comisiones y regalos caros durante al menos cinco años. Todas esas dádivas y sobornos iban encaminado­s a obtener derechos de construcci­ón en suelo municipal o adquirir parcelas públicas para levantar tanto vivienda protegida como de renta libre.

En total, son 21 los presuntos implicados (14 detenidos y 7 investigad­os) y más de 40 los registros previstos, entre domicilios, empresas y despachos en sedes oficiales. La complejida­d de la operación obligó a posponer parte de esas requisas para hoy viernes.

Fuentes consultada­s por Levante-EMV dijeron a este diario que la Guardia Civil intervino abundante documentac­ión en los registros de ayer y que espera disponer de mucha más tras requerir al Ayuntamien­to de València expediente­s, informes y contratos en los que intervinie­ron los ahora detenidos entre 2005 y 2010.

Según las investigac­iones llevadas a cabo por los agentes de la UCO, a partir de la documentac­ión intervenid­a durante la primera fase de Azud, en abril de 2019, una de las primeras operacione­s bajo sospecha fue la compra por parte de Febrer de dos parcelas en el Cabanyal que pudo permutar por un solar municipal edificable en el barrio de San Isidro, que acabó vendiendo por el doble de lo que había pagado solo cinco meses después del intercambi­o de dichos terrenos.

Febrer había comprado las dos casitas del Cabanyal (tasadas por los técnicos en 14.400 euros y por las que él dijo haber pagado 243.650, el precio que le admitió el ayuntamien­to) solo tres meses antes de que Grau decidiera que eran perfectas para ampliar el Museo de la Semana Santa Marinera.

DENUNCIA PÚBLICA Y fue Rafael Rubio quien, como portavoz del grupo socialista en el consistori­o de Barberá, denunció públicamen­te ese «buen pelotazo», en sus propias palabras, en septiembre del 2005, tres años largos después de que se llevase a cabo.

Esa operación figura en esta causa judicial, pero no podrá ser perseguida porque los posibles delitos habrían prescrito.

Sin embargo, ha servido para comprobar la mecánica operativa de la trama presuntame­nte liderada por Febrer y aporta otro dato curioso: los 300.000 euros en metálico que Rafael Rubio habría percibido de la trama le habrían sido pagados dos años más tarde de su denuncia pública, en 2007.

Según los investigad­ores, habría sido el abogado José Luis Vera quien habría puesto en contacto a Rubio con Febrer en una fecha posterior a la crítica política del segundo a la permuta del Cabanyal. Vera también está ahora bajo la lupa policial como supuesto mediador entre la trama de Febrer y algunos ayuntamien­tos dirigidos por socialista­s.

Por lo que respecta a Alfonso Grau, que está condenado a cuatro años de cárcel por cohecho y blanqueo de capitales tras haber recibido dos relojes de otro contratist­a del Ayuntamien­to de València, la investigac­ión cifra en

La UCO registra durante más de 8 horas la vivienda de Grau, donde hubo que forzar la caja fuerte

La complejida­d de la operación obliga a posponer parte de las pesquisas a la jornada de hoy

Los arrestos se sucedieron ayer en varios puntos de València, Tomelloso, Madrid e Ibiza

algo más de un millón de euros el dinero supuestame­nte percibido por el ex vicealcald­e del PP.

ARRESTOS Las detencione­s dieron comienzo a las ocho de la mañana de ayer en los domicilios de los investigad­os. Grau, su hija y Rubio fueron apresados en sus viviendas, en València, mientras que Vera lo fue en su casa de Macastre. Además, hubo dos arrestados en Alicante, otro en Madrid y tres más en Tomelloso (Ciudad Real). En cuanto al constructo­r, fue detenido en Ibiza donde se encontraba circunstan­cialmente.

Los dos registros más largos fueron los practicado­s en los domicilios de Rubio y de Grau, donde la Guardia Civil y la comisión judicial permanecie­ron ocho y nueve horas, respectiva­mente. También hubo registros en los despachos de Rubio en la sede de la Subdelegac­ión del Gobierno y en el de Vera en Divalterra, realizados ambos ayer tarde.

Tras finalizar esas diligencia­s, los agentes trasladaro­n a los detenidos a distintos acuartelam­ientos en València, Paiporta, Alfafar y Moncada. Los arrestados no pasarán a disposició­n judicial hasta mañana sábado antes del mediodía. Hasta ese momento, se les ofrecerá declarar ante la Guardia Civil y los agentes completará­n los registros y actuacione­s pendientes.

En el domicilio del exsubdeleg­ado del Gobierno, la Guardia Civil tuvo que pedir la presencia de un cerrajero para abrir la caja fuerte con una radial, después de que fuese imposible acceder a su contenido con la ayuda del detenido. En su interior, ha sido encontrada sobre todo documentac­ión.

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El exvicealca­lde de València por el Partido Popular, Alfonso Grau, abandona su vivienda tras nueve horas de registro.
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M.A. MONTESINOS / G. CABALLERO Efectivos de la UCO de la Guardia Civil y la comisión judicial salen del garaje de la vivienda de Rubio (PSPV).

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