Cabanes pide un frente común contra el derribo del poblado de Torre la Sal
Martí propone a la oposición una moción institucional con el fin de frenar el expediente Plantea abrir una mesa de diálogo entre el propio Ayuntamiento, Costas y los vecinos
Frente común para paralizar el derribo del poblado marítimo de Torre la Sal en Cabanes. Ese es el objetivo que se marca el equipo de gobierno. La alcaldesa, Virginia Martí, propone a la oposición la aprobación de una declaración institucional con el objetivo de «solicitar la paralización del expediente abierto por la Dirección Provincial de Costas en Torre la Sal».
Asimismo, también reclama «abrir una mesa de diálogo a tres bandas entre Ayuntamiento, Dirección General de Costas y vecinos, en la que abordar la situación del poblado marítimo con la vista puesta en garantizar su futuro». Así lo expresó Martí ayer a los portavoces de la oposición, quienes manifestaron que se sumarán a esta declaración institucional.
La munícipe señala que el objetivo del consistorio es «que todos estemos unidos y sin fisuras en la defensa de Torre la Sal, ya que se trata de un tema capital que afecta a todo el pueblo».
La declaración institucional se aprobará en el pleno ordinario del próximo 26 de mayo, como otra vía de presión. No obstante, desde el Ayuntamiento recuerdan que desde que llegó, por registro de entrada, el expediente el Ayuntamiento se ha puesto a trabajar con técnicos y vecinos en la redacción de las alegaciones. Y es que, como afirma Martí, «no solo vamos a defender los intereses municipales, sino que también incluiremos en nuestras alegaciones las afecciones que padecerán vecinos y negocios de la zona».
La noticia cayó como un jarro de agua fría el pasado lunes, cuando los afectados comenzaron a recibir la notificación de Costas que alertaba de que se incoa el expediente para la recuperación de estas viviendas por encontrarse dentro de la línea de dominio público marítimo-terrestre.
Desde entonces la indignación domina en el municipio, porque están afectados cerca de un centenar de residentes, pues la medida afecta a entre 70 y 80 viviendas, no solo de primera línea de playa, sino también las de detrás. Algunas de estas casas cuentan con gran historia y han ido pasando de generación en generación, pues hace un siglo de su construcción.
Además, hay un negocio afectado, que en plena pandemia ve peligrar su única fuente de ingresos. El consistorio es otro de los perjudicados, ya que también es propietario de algunos solares.
Todos los afectados coinciden en lamentar el escaso tiempo habilitado para presentar alegaciones, que es de tan solo ocho días, aunque desde Costas explican que es el periodo que contempla la normativa. Dado el corto plazo existente, tanto los vecinos como los técnicos trabajan a contrarreloj en las mismas con la esperanza de frenar el desalojo y derribo.