Grau, Rubio y cuatro empresarios van a prisión por las mordidas
La magistrada del caso ‘Azud’ les envía a la cárcel para evitar destrucción de pruebas y posible fuga La Fiscalía Anticorrupción solicitó la medida, que deja en libertad con cargos al resto de investigados
La jueza del caso Azud decretó ayer el ingreso en prisión, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, de los principales detenidos en la operación, la trama de mordidas urbanísticas destapada a raíz de la investigación al cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá. Al cierre de esta edición debían ingresar en prisión preventiva el exvicealcalde de València, Alfonso Grau; el exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; al empresario inmobiliario Jaime María Febrer, considerado el epicentro de la trama y responsable de los sobornos a políticos y funcionarios municipales; y el presunto ingeniero financiero de la trama, Joaquín P. R., acusado de dirigir las operaciones de lavado y obtención de dinero líquido a partir de facturas falsas desde su gestoría en Alicante.
También deberán ingresar en prisión Mónica Montoro y Federico Ferrando, representantes de dos conocidas familias del sector inmobiliario de València. Ambos están implicados en algunas operaciones presuntamente irregulares por las que empezó a ser investigado Febrer. La jueza tomó esta decisión tras solicitarlo el fiscal Anticorrupción del caso Azud. Se trata de una medida extraordinaria y excepcional que se adopta para evitar la destrucción de pruebas, el riesgo de fuga y la supuesta continuidad delictiva, como sucedió en el caso Erial, cuando el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, también fue enviado a prisión junto a sus dos presuntos testaferros. También José María Corbín, abogado y cuñado de la alcaldesa de València durante veinticuatro años, Rita Barberá, fue enviado a la cárcel tras ser detenido en abril de 2019, donde permaneció casi un mes.
Además de evitar la destrucción de pruebas, tanto la titular del juzgado de Instrucción 13 como el fiscal Anticorrupción han querido evitar una posible huida al extranjero del empresario inmobiliario Jaime María Febrer, al que en el transcurso de la investigación se le ha descubierto una cuenta en Luxemburgo (país donde también tenían cuenta los presuntos testaferros de Zaplana).
Frente a la drástica decisión de decretar prisión preventiva para seis de los detenidos el pasado jueves, el resto de investigados quedaron en libertad con cargos, según confirman fuentes conocedoras de los hechos. Así quedaron anoche en libertad, aunque acusados de diversos delitos, el abogado y jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, y una de las hijas de Alfonso Grau que fue detenida el pasado jueves en su vivienda, al igual que su padre.
Tampoco irán a la cárcel los tres factureros arrestados en Tomelloso (Ciudad Real), ni el otro empresario detenido en Alicante, cuyo nombre no había trascendido ayer, y a quien se acusa de haber participado en el entramado de ingeniería financiera que centrifugaba el dinero negro que supuestamente generaba el grupo liderado por el empresario inmobiliario Jaime María Febrer. En cuanto al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Xixona en 2005, Francisco Doménech (PP), también tiene libertad provisional.