Una ‘mordaza’ que se convirtió en una ley muy polémica
La intervención policial para intentar desalojar las acampadas abrió el debate sobre la libertad de expresión y de manifestación en un movimiento pacífico. En sus manifiestos, los indignados desdeñaban el control de internet y pedían proteger la libertad de información.
En cuanto a la democracia participativa, exigían referéndums obligatorios y vinculantes para cuestiones de gran calado y para la introducción de medidas dictadas desde la UE.
Después del año 2011, el debate sobre la libertad de expresión en España se ha acrecentado. En 2015 se aprobó la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, una normativa muy polémica que, pese al compromiso de las izquierdas de derogarla, sigue en vigor seis años después.
Esta ley incluye un total de 44 conductas, de leves a muy graves, sancionadas con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros.
Entre los puntos más controvertidos destacan las multas a la protestas no autorizadas, las altas penas por irrumpir en actos públicos, la incitación a la movilización en las redes sociales, fotografiar a la policía y frenar un desahucio.
Además, los tribunales han condenado a un buen número de artistas y tuiteros por delitos como enaltecimiento del terrorismo o injurias a la Corona.
Casos como el de Cassandra Vera (que acabó absuelta por el Supremo), los titiriteros, pasando por el cantante César Strawberry, los raperos Valtònyc y Pablo Hásel, y el grupo La Insurgencia han desatado movilizaciones.
El Gobierno estudia ahora reformar los delitos relacionados con la libertad de expresión y acotar las penas. y culpó a los indignados de la violencia. Se volvió a cuestionar su figura cuando negó que se lanzaran pelotas de goma el día en que Ester Quintana perdió un ojo y cuando puso en marcha una página web de delación ciudadana por los altercados en la huelga general de 2012.
Aquel año, dejó la conselleria para ser nombrado titular de Empresa hasta 2016. Desde entonces se mantiene alejado de la primera línea política. Está imputado junto a 11 exaltos cargos de Convergència por presuntas donaciones ilegales al partido vinculadas al caso 3%.