España asciende a la ‘Europa League’ del salario mínimo
Ha crecido un 47% desde que gobierna Sánchez, 10 veces más de lo que lo ha hecho el PIB per cápita Según los cálculos del Gobierno, el SMI ha alcanzado el 60% del salario medio en España
No figura entre los salarios mínimos más altos de Europa, ni en términos absolutos ni de poder de compra, pero, parafraseando a José Luis Zapatero, Pedro Sánchez ha aupado de la mano de Podemos el salario mínimo español a la Europa League de los sueldos mínimos del club de los 27. Este suelo salarial ha pasado de parecerse más a los de Europa del Este a tratar de emular al de Francia o Alemania. Durante el último lustro se ha erigido como el octavo sueldo mínimo más garantista para con los trabajadores entre los estados de la Unión Europa, según datos de Eurostat. Y es que el SMI ha crecido un 47% desde que Sánchez tumbó a Mariano Rajoy del Ejecutivo vía moción de censura. Casi 10 veces más de lo que lo ha hecho el producto interior bruto por habitante en dicho periodo (2017-2023). Y ha pasado de ser una referencia poco frecuente en España por su baja cuantía a dar cobertura cada vez a un mayor número de trabajadores y equipararse a cotas cercanas al que tienen los salarios mínimos de economías parejas a la española.
«El salario mínimo existe desde hace muchos años, aunque no empieza a tener un efecto más extendido sobre los trabajadores hasta la reforma laboral del PP del 2012. Entonces se facilitan los descuelgues, la prevalencia de los convenios de empresa y otras medidas para devaluar salarios. Y cada vez más trabajadores pasan a regirse por el salario mínimo interprofesional», apunta el catedrático de Economía Aplicada de la UB, Raúl Ramos.
IMPACTO SOBRE EL EMPLEO El SMI se estrenó en el mercado común con la cifra de 424,8 euros brutos (14 pagas), en 2000, justo cuando un año antes se pagaba en pesetas. Y en la próxima nómina de febrero se abonará ya en 1.080 euros. El salto cualitativo lo dio en 2019, cuando el PSOE y Unidas Podemos (entonces todavía fuera del Gobierno) pactaron un incremento del 22% –el mayor de la historia, por el momento–, hasta los 900 euros. Bajo el pretexto de minimizar la pobreza laboral. Es decir, que haya personas adultas que, pese a tener un empleo, este no les garantice poder llegar a final de mes sin apuros.
La coalición ha optado por seguir incrementando el salario mínimo pese a que el contexto no ha sido favorable, una vez irrumpió la pandemia y a esta dos años más tarde le sucedió la mayor crisis de precios en cuatro décadas. «Coincide que aquellos sectores que estuvieron más afectados por las restricciones sanitarias son en los que más incidencia tiene subir el salario mínimo», apunta el secretario técnico del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Àngel Hermosilla.
«Hemos pasado de una primera fase, en la que se pensaba que subir el salario mínimo era nefasto para el empleo. Luego vino una segunda fase, en la que los Gobiernos vieron en el salario mínimo una herramienta de redistribución de la riqueza que no generaba efectos negativos de manera significativa sobre el mercado laboral. Y ahora entramos en una tercera fase, en la que en prácticamente todos los sitios se ha alcanzado ese umbral del 60% del salario medio y los Gobiernos deben hacer un seguimiento más continuo para ver cómo siguen subiéndolo sin caer en ese impacto negativo sobre el empleo», resume el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres.
El crecimiento en el último lustro del salario mínimo ha sido vertiginoso y, según los cálculos del Gobierno, ha cumplido con el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio en España. Tal como recomienda la carta social europea, si bien aquí hay divergencia, ya que algunos matizan que en realidad esta se refiere al salario mediano, más popular y menos sesgado que la referencia mediana.
Una vez alcanzado ese objetivo del 60%, hay voces dentro incluso del mismo proceso negociador del salario mínimo que abogan por instaurar mecanismos a la francesa que automaticen anualmente dicha revisión. Es decir, «de qué manera se va a poder cada año situar el salario mínimo según ese 60%», según señaló el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tras pactar con el Ejecutivo la última subida. «Yo no iría mucho más allá del actual 60%, a riesgo de que el impacto sobre el empleo que de momento no ha tenido pueda llegar a tenerlo», apunta Hermosilla, del Col·legi d’Economistes.
Varios de los economistas consultados recomiendan investigar cómo posibles deducciones en cuotas sociales para colectivos especialmente afectados, como los autónomos con asalariados, los jóvenes o determinados sectores, como el agrario, pueden compatibilizar nuevas subidas más ambiciosas con el mantenimiento de la ocupación.
La coalición ha seguido subiendo el salario pese al contexto desfavorable
SUBIDAS «QUIRÚRGICAS» En la actual fase más quirúrgica de subidas, hay economistas, como el investigador de Fedea, Marcel Jansen, que reprochan al Gobierno que no hayan guiado las subidas del SMI por análisis empíricos y estudios específicos, sino a través de criterios meramente políticos. «Un salario mínimo de 1.080 euros sigue siendo bajo para Madrid o Barcelona, pero puede ser demasiado alto para Jaén. Hay colectivos, como los jóvenes, que pueden tener problemas para encontrar trabajo si se sube mucho. ¿Cómo podemos optimizar el SMI para beneficiar al máximo de personas y minimizar sus efectos adversos? Esto es lo que deberíamos estar estudiando, aunque reduzca la discrecionalidad de los gobiernos. Porque cuando haya otro Gobierno de otro signo, puede volver a la política opuesta y pensar que el SMI es un lastre para el empleo y no actualizarlo», alerta.