Los municipios del Alto Mijares tienen un mes para detallar daños por el fuego
La Generalitat activa las ayudas para los afectados por este reciente incendio Una única oficina se encargará de tramitar las solicitudes a todas las administraciones
El pleno del Consell, que se celebró ayer en Montanejos, acordó abrir el plazo de 30 días para que los municipios afectados por el incendio del Alto Mijares puedan presentar sus estimaciones de daños a causa del fuego que arrasó 4.700 hectáreas de gran valor natural. Asimismo, el Gobierno valenciano aprobó acometer las actuaciones necesarias para paliar los efectos de ese incendio forestal, como la creación de una Oficina Única Postemergencia o la puesta en marcha de un Plan Integral para la Reactivación.
Ahora se establece dicho plazo de 30 días, contados desde la jornada siguiente al de la publicación del acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), para que los ayuntamientos de los municipios afectados puedan presentar las estimaciones de daños de infraestructuras y bienes públicos, de instalaciones agrarias o de otros sectores económicos distintos de los forestales.
También podrán presentar los daños que hayan sufrido bienes muebles e inmuebles de personas físicas o jurídicas que no estuvieran cubiertos por el sistema de se
guros; así como, en su caso, los gastos extraordinarios y urgentes que se hayan tenido que efectuar como consecuencia del incendio forestal, incluyendo la documentación correspondiente.
La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha acordado la creación de una Oficina Única Postemergencia para dar una respuesta integral a los afectados. Permitirá a los municipios del perímetro del fuego tramitar las solicitudes de ayudas de las diferentes administraciones.
Por otra parte, el Consell elaborará, en coordinación con las instituciones y los agentes locales, un plan para la reactivación socioeconómica de las comarcas damnificadas, golpeadas también por los efectos de la despoblación. Este plan contemplará ayudas directas a los municipios, líneas financieras bonificadas o planes extraordinarios de empleo para la reparación de daños y la fase de restauración forestal y medioambiental.