Limitar el porno a los menores
Los casos de violencia sexual con adolescentes reavivan el debate sobre el acceso a los contenidos Varios colectivos feministas y expertos piden al Gobierno que imponga algún tipo de control
No hace muchos años, para tener acceso al porno había que ir al videoclub o conseguir que alguien te pasara una película. Pero hoy, contenidos pornográficos violentos donde se simulan violaciones en manada y se abofetea a las mujeres están accesibles con un simple clic. Niños a partir de los 8 años, en cuanto tienen acceso al móvil con cierta frecuencia, pueden ver estos vídeos, a una edad en la que apenas conocen su cuerpo, sus deseos, ni al sexo contrario, y sin que la educación sexual pueda guiarles porque no ha llegado de forma reglada y transversal a los colegios. El porno es, para muchos, su escuela en las relaciones sexuales.
Por ello, algunos colectivos feministas y expertos en violencias machistas son partidarios de que el Gobierno limite, de alguna manera porque no es sencillo, el acceso de los menores al porno. La reivindicación se ha avivado ante el cúmulo de noticias que demuestran que algunos menores están emulando lo que ven en sus pantallas y cometiendo agresiones sexuales contra niñas. En los últimos días se ha denunciado en Logroño la violación en grupo de dos adolescentes en la que participaron chicos de entre 10 y 12 años. Y en marzo hizo saltar las alarmas una violación grupal a una niña de 11 años en Badalona.
No son casos aislados: las agresiones sexuales en manada han aumentado un 56% en cinco años y uno de cada cuatro agresores son menores. No está claro si ha habido un aumento de casos o un incremento de las denuncias debido a la mayor conciencia social. El Gobierno sostiene la segunda hipótesis. En cualquier caso, esto genera una preocupación social.
«Muchos padres tienen temor y no saben cómo abordar que sus hijos e hijas accedan a ese porno violento y lo mismo dicen profesionales que trabajan con adolescentes, que creen que el Estado debería tomar cartas en el asunto», asegura Graciela Atencio, directora de Feminicidios.net y firme defensora de que «la pornografía es la pedagogía de la violencia sexual y la puerta de entrada al consumo de prostitución», de ahí que opine que «el Ejecutivo debería limitar el acceso a los menores».
Sin embargo, no es una tarea fácil ni las lógicas prohibicionistas son compartidas por todo el feminismo. Algunos Estados lo han intentado sin éxito. Francia pretende imponer el bloqueo en septiembre, creando un certificado solo para adultos y que dé acceso a las web pornográficas, pero persiste la incógnita de cómo lo logrará sin vulnerar las leyes de protección de datos. Hay quienes piensan que es como poner puertas al campo, porque existen múltiples canales donde visualizar estos contenidos, incluso generados por los propios usuarios y subidos desde cualquier lugar.
«Si se quiere imponer un control a los grandes portales del porno, se podrá realizar, pero un control real y total de todos los contenidos es imposible», asegura Sergio Carrasco, abogado experto en Derecho tecnológico. La gran dificultad radica en cómo verificar que el que visualiza el contenido es adulto. La legislación ya obliga a las páginas web a que comprueben la edad de sus usuarios, pero los grandes portales del porno se limitan a preguntar si el usuario es mayor de edad y basta clicar en el botón del sí para poder acceder.
Para controlar la edad no bastaría tampoco con que se obligase al internauta a introducir su DNI, porque los menores podrían usar
El Gobierno francés quiere impedir que los menores de edad vean páginas porno, a pesar de la difícil regulación de este sector. En febrero, anunció un nuevo dispositivo de edad más difícil de eludir que las típicas autodeclaraciones. Además, la Justicia francesa también se pronunciará en julio sobre el posible bloqueo del acceso a cinco gigantes de este sector (Pornhub, Tukif, XHamster, Xvideos y Xnxx).
Este año «representará el final del acceso a las webs pornográficas para nuestros niños», aseguró en febrero el ministro adjunto del Sector Digital, JeanNoël Barrot. A diferencia del gobierno federal de Luisiana (EEUU), donde se obliga a las páginas porno a exigir el carnet de identidad, el Ejecutivo francés no pretende que los usuarios se identifiquen en aras de preservar su privacidad. el número de cualquier adulto a su alcance, por lo que la mejor vía, según Carrasco, es que se implantara una especie de clave pin que garantizara que el usuario es adulto, un mecanismo que tendría que regular el Gobierno.
Ni PSOE ni Podemos prevén, en lo que resta de legislatura, cumplir el acuerdo de coalición, que prometía impulsar «la protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía». Esta misma semana, la ministra de Igualdad, Irene Montero, rechazó regular el acceso al porno argumentando que «la lógica prohibicionista va a ser difícil que sea efectiva», porque al contenido porno se puede «acceder muy fácilmente». Por ello, a su juicio la mejor vía que puede existir para desincentivar su consumo es impartir educación sexual, que ayudaría a los niños a tener claro el consentimiento y a prevenir e identificar las violencias.
El PSOE, por su parte, ha impulsado una proposición no de ley --sin fuerza legal-- en el Congreso de los Diputados destinada a este propósito, pero desde el Ejecutivo no ha movido ficha y la legislatura está casi en tiempo de descuento.
Organizaciones feministas como la Federación de Mujeres Progresistas, creen que el Gobierno debería impulsar «algún tipo de control porque los niños se están formando a través de un porno cada vez más violento, que conduce a la violencia sexual» y las agresiones crecientes, cometidas por menores, «ponen de manifiesto su impacto negativo». Su presidenta, Yolanda Besteiro, asegura que han crecido las voces partidarias de buscar alguna fórmula para limitar el acceso a estas webs.
Desde el ámbito judicial, Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género, avisa de que «prohibir» la entrada a webs o redes «sería como censura» y difícil de determinar dónde «empieza el porno y donde la expresión artística», pero a su juicio el Gobierno debería establecer algún tipo de «control» de acceso dirigido a ciertos contenidos o plataformas, «porque no es lo mismo una web de pago que una emisión en abierto». «Técnicamente es complejo, pero cuando el fin es proteger al menor, debería estudiarse», argumenta.
LA EDUCACIÓN SEXUAL Alba Alfageme, psicóloga especializada en violencias machistas, comparte con Montero que la prioridad debería ser implantar la educación sexual, porque «la experiencia en otros países demuestra que cuando das herramientas para construir sujetos críticos y elementos para descodificar el porno, los jóvenes rechazan la pornografía violenta». Sin embargo, mientras estos contenidos se van implantando de manera trasversal en todo el sistema educativo y surten efecto, ve necesario implantar algún tipo de control, pero «combinando» ambas estrategias. En este sentido, Alfageme también precisa que el alza de las violaciones no se puede achacar solo al porno porque es un «problema multicausal».
En esta línea, Raquel Gómez, psicóloga de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, advierte de que «aislar el porno como la única causa de las violencias sexuales es dejar de mirar el sistema estructural que perpetúa el machismo [...] hace flaco favor a todo el trabajo para revertirlo». Esta entidad es contraria a las limitaciones porque «prohibir nunca ha sido una solución efectiva porque fomenta la curiosidad y en la adolescencia potencia la necesidad de transgresión, por lo que puede provocar un efecto contrario». En su opinión, lo «imprescindible» es la educación sexual.
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