Para no incomodar más a sus socios
Los cambios son meramente «técnicos»
de condena de abusadores sexuales. Hasta ahora, más de 1.000 de estos delincuentes se han visto beneficiados por la norma y unos 100 han salido en libertad.
Fuentes de las direcciones del PSOE y el PP coinciden: las negociaciones marchan muy bien. De hecho, ambas partes sellaron ayer un acuerdo, después de que el partido de Pedro Sánchez se abriera a pactar con los de Alberto Núñez Feijóo algunas correcciones «técnicas» para garantizarse su apoyo.
El pacto puede extenderse en los próximos días a más aspectos de la ley, pero de momento, entre otras iniciativas, el entendimiento incluye volver a considerar como delito la distribución de contenidos de agresiones sexuales a menores de 16 años.
El acuerdo también se extiende a otras materias: corrige la despenalización por error de la responsabilidad de las personas jurídicas cuando infrinjan tratos degradantes, cambia alguna palabra de la ley («modalidades» en lugar de «circunstancias» para referirse a algunos delitos) y modifica el artículo 178 del Código Penal, que define la agresión sexual y el consentimiento.
El PSOE aceptó así varias enmiendas del PP, uniendo ambos partidos sus votos para que la propuesta socialista, que también contó con el apoyo del PNV y Ciudadanos, saliera adelante sin ninguna dificultad en la ponencia del Congreso. Unidas Podemos, ERC, Bildu y Vox votaron en contra.
«Las negociaciones están yendo muy bien. El pacto está cerca», señalaron en la dirección del PSOE. Un diputado al tanto de la negociación añadió que el acuerdo ya estaba «hecho». Aun así, mientras los populares otorgaron a los cambios pactados una enorme trascendencia, los socialistas, en parte para no incomodar más a sus socios de izquierda, insistieron en que estos eran meramente «técnicos». El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, lamentó que el Ejecutivo no hiciera caso a su partido «hace siete meses», para haber evitado que la ley rebajara condenas a delincuentes sexuales. La nueva norma, con las nuevas penas, empezará a aplicarse después de acabar el trámite parlamentario.
TARDANZA El PSOE se había resistido en un primer momento a reformar la ley con el PP. Desde noviembre, cuando el Gobierno asistió a las primeras rebajas de condenas, Sánchez quiso hacer las modificaciones legales con sus socios de coalición. «Un acuerdo con los populares nos mata», llegó a decir aquellas semanas en privado alguna ministra socialista. Sin embargo, la reacción social ante la revisión de penas y la salida de la cárcel de algunos violadores, así como la cercanía de las elecciones, llevaron al presidente del Gobierno a ceder en su empeño y pactar con el PP el cambio de la ley para sacar este asunto de la conversación pública.
Aun así, tras comprobar que el acuerdo con sus socios de coalición resultaba casi imposible, el PSOE llegó a decir que no pensaba