La LOSU y el desafío de la financiación
Hay que concretarla si queremos consolidar las universidades como instrumentos de progreso colectivo
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ya está en vigor. El nuevo marco legal de regulación del sistema universitario español suscita muchas más incertidumbres que certezas en la resolución de problemas estructurales que condicionan el papel de las universidades como motor de transformación social y generadora de mayores cuotas de bienestar, justo en un contexto de enormes desafíos sociales, ambientales y económicos en el que necesitamos del conocimiento, la investigación y la innovación para afrontarlos con garantías.
A las universidades no nos asustan los retos, aunque cuestionamos abiertamente algunos de los cambios introducidos por la LOSU y que no deberíamos dudar en corregir, si se confirman sus consecuencias negativas. Nos preocupa, y mucho, cómo fortalecer nuestras misiones de formación --no solo la reglada, también la que se refiere a la transmisión de valores--, investigación y transferencia a la sociedad, si no tenemos los recursos necesarios para ello.
Nos preocupa, y mucho, cómo vamos a aplicar varias medidas que la norma quiere impulsar, y que sin duda son necesarias, si la financiación no pasa de ser una declaración de buenas intenciones. Si los recursos no están garantizados, ¿cómo establecemos una carrera docente más clara y ágil que nos permita retener y captar talento? ¿Cómo reducimos la temporalidad y estabilizamos a nuestro personal? ¿Cómo favorecemos la movilidad del profesorado y del personal de administración y servicios, o cómo potenciamos el compromiso social de las universidades?
No podemos estar más de acuerdo con las reflexiones de la profesora Adela Cortina en su tribuna Universidad, al margen de la ley. Necesitamos una universidad verdaderamente transformadora que contribuya a un mayor y mejor uso del conocimiento y que forme en valores, solo así es posible lograr el objetivo de una economía inteligente, sostenible e inclusiva, avanzar hacia un auténtico progreso social que no deje a nadie atrás. Y tampoco nos olvidamos que sin una financiación suficiente no hay autonomía universitaria.
Con el fin de abordar los cambios necesarios para afrontar los desafíos actuales del sistema universitario español, hubiese sido deseable una ley más ambiciosa que nos equiparara a entornos universitarios con los que debemos competir. No cabe duda que las incertidumbres sobre la LOSU no se limitan a la financiación, pero este es un debate central y más ahora que la norma ya está en vigor y nos apremian a cumplir con los cambios que incorpora el nuevo marco normativo.
Es cierto que esta ley recoge «el objetivo de destinar como mínimo el 1% del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado», precisamente con la voluntad de permitir «la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión
Europea y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley orgánica».
Paradójicamente, ese objetivo no se ha acompañado de un calendario detallado de ejecución ni de la responsabilidad que deben asumir cada administración --estatal y autonómica--. Y no solo es preocupante esa falta de concreción, sinó que, además, se acompaña de una coletilla que genera más dudas sobre su cumplimiento, ya que se condicionan las aportaciones «de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio».
El compromiso de financiación necesaria para alcanzar los objetivos que marca la LOSU supone del orden de 3.100 millones de euros más en inversión según estimaciones iniciales --no pierdan de perspectiva que ese aumento nos situaría en el 1% del PIB y nos acercaría al esfuerzo inversor que otros países europeos hacen en su sistema universitario--.
Ahora que la nueva ley ha entrado en vigor es una urgencia resolver cómo se va a materializar ese incremento de la financiación para contar con los recursos suficientes. Si de verdad existe la voluntad de situar el conocimiento y la innovación como prioridad política y social para responder a los desafíos que tenemos como sociedad, si de verdad queremos consolidar a las universidades como espacios para educar en la excelencia y como instrumentos de progreso colectivo, ahora es el momento de concretar ese compromiso.
Además, es imprescindible que acompasemos el aumento de la financiación a las universidades con la implementación de un plan plurianual de financiación en la Comunitat, elaborado con criterios de suficiencia y equidad para garantizar la sostenibilidad de todas las universidades públicas valencianas.
En juego está la sostenibilidad del sistema universitario y, con él, la capacidad de transformar la sociedad y de aprovechar el potencial formidable de las universidades ante retos como la amenaza a los valores democráticos y de convivencia, la crisis climática, la transformación digital y la transición hacia la era de la inteligencia artificial.
En juego está la misma sostenibilidad del sistema universitario y la capacidad de transformar la sociedad