El Gobierno sigue inmóvil pese al SOS de la economía de Castellón
El ministro de Industria aún no da plazos sobre la concreción de las «urgentes» ayudas al azulejo Gómez volverá a citar en 14 días al clúster tras tratar con Calviño los escollos y preparar las propuestas
El grito de auxilio en defensa del sistema económico de la provincia de Castellón por la delicada situación que atraviesa el azulejo llegó ayer al Gobierno central, a través de una reunión entre representantes del tejido económico y social castellonense y el ministro de Industria, Héctor Gómez. Esto no se tradujo por ahora en grandes movimientos, quedando en «predisposiciones». El encuentro, pese a la «urgencia» de las medidas reclamadas, se resumió en «una primera toma de contacto» de más de una hora sobre la situación del clúster cerámico y la economía de Castellón por parte de Gómez, que ostenta el cargo desde hace ahora un mes tras relevar a Reyes Maroto, quien era bien conocedora de la coyuntura. El titular de Industria había contactado antes del encuentro con el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien apoyó la reivindicación el miércoles.
Representantes de las patronales CEV Castellón, Ascer, Anffecc, Asebec y los sindicatos UGT y CCOO se encargaron de hacer conocer al ministro y otros cargos del departamento la realidad que atraviesa la provincia. Tras el encuentro, en la cara positiva, coincidieron en destacar la «receptividad» mostrada por Gómez por tratar de buscar opciones para que lleguen las ayudas, aunque su sistema de reparto sigue en el aire, pues no se aclaró cuándo se resolverán las alegaciones planteadas. Y es que, en la otra la cara, las certezas, a final de cuentas, fueron escasas.
DOS SEMANAS DE PLAZO «Venimos desde hace un año reclamando lo mismo, pero bueno, al final lo que queremos son soluciones», valoró el presidente de CEV Castellón, Luis Martí, sobre la falta de concreción. Mientras tanto, el ministro Gómez se dio un plazo de hasta dos semanas para aportar propuestas más definidas sobre los instrumentos de apoyo y abordar el asunto con otros departamentos implicados del Ejecutivo central, entre ellos el Ministerio de Asuntos Económicos, que encabeza la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y que tiene «la llave» para lograr que las ayudas directas lleguen ya al clúster.
Tras este plazo, el titular de In
dustria se comprometió a volver a reunirse con las entidades castellonenses, siempre según informaron desde la delegación provincial, pues Gómez declinó hacer declaraciones a los medios de comunicación que acudieron a Madrid, entre ellos Mediterráneo.
«Ha dicho que durante este periodo va a tener reuniones al máximo nivel con todos los departamentos implicados para buscar soluciones. Entiende que él es el Gobierno de España y la labor interna la tiene que hacer él», explicó Martí, quien hizo hincapié en el impacto generado en el ministro al ver unida a la sociedad castellonense en la reivindicación.
CREA Y CRECE Sobre la mesa se puso la problemática derivada de la Ley Crea y Crece, que impide conceder ayudas a las empresas con un pago a proveedores superior a 60 días, el principal obstáculo para que lleguen los 450 millones habilitados por el Gobierno para los 36 CNAES de empresas gasintensivas. «La última palabra depende de Calviño, pero lo más factible no pasa por modificar o excepcionar la norma, sino buscar alternativas, como
que los fondos vayan destinados a pagar a proveedores. O incluso tener en cuenta si el sector es exportador», añaden los implicados.
«Nos hemos comprometido a darles más información para que puedan seguir defendido la búsqueda de alternativas a la ley, porque no se va a plantear su modificación ni moratoria», detalló al respecto el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría.
En todo caso resulta más improbable que se habiliten nuevas ayudas directas de mayor cuantía, pese a que las actuales son «insuficientes», como se ha calificado en incontables ocasiones por las patronales. De hecho, Luis Martí recordó que «el sobrecoste de los últimos 16 meses por la energía asciende a 2.000 millones».
Habrá que aguardar pues hasta dos semanas más, según la promesa de Gómez, para ver si el Gobierno mueve ficha y accede a apoyar al azulejo y, por ende, a la provincia de Castellón, para evitar efectos como la pérdida de empleo o incluso llegar a que se deslocalicen las empresas por la pérdida de competitividad. Los «hechos» ayer aún no llegaron.