Las cuentas pendientes de la memoria democrática
Avanza lento el rescate de restos de combatientes y la investigación
Quedan aún en las calles elementos de simbología franquista
Es inminente... El último rumor entre las familias que piden rescatar restos de inhumados en el Valle de los Caídos indica que a finales de mayo se llegará a la primera caja en las criptas. Pero el «es inminente» ya lo ha oído antes Fausto Canales, decano de los litigantes contra Patrimonio Nacional, que busca los huesos de su padre, Valerico, y de su tío Víctor, asesinados el 20 de agosto de 1936 cerca de Pajares de Adaja (Ávila). «Ahora parece que sí, que puede ser antes de que acabe el mes…», comenta este jubilado, que a sus 88 años lleva más de 20 de terca pelea.
«No hay constancia oficial ni se nos ha comunicado nada», afirma el abogado Eduardo Ranz, que consiguió hace siete años la primera sentencia favorable a exhumaciones en Cuelgamuros –para sacar de allí a Antonio Ramiro y Manuel Lapeña, fusilados en Aragón– y que hoy lleva los casos de los ocho primeros peticionarios de un total de 120 que esperan restos.
Los huesos de José Antonio Primo de Rivera salieron del valle el 24 de abril, y tras este gesto del Gobierno quedan aún cuentas pendientes a la Memoria Democrática. La principal es el tiempo, la prisa en los hallazgos y exhumaciones que quedan por hacer. El calendario pasa más rápido cuando se tienen 88 años, como Canales. Su madre murió a los 99 en 2005 sin recuperar el cuerpo del esposo, y su hermano falleció el año pasado con la misma frustración.
Murió también, hace dos años, Manuel Lapeña, descendiente de los hermanos Lapeña, esperando que se ejecute la sentencia que le dio la razón. «Se van muriendo aquellos que una vez jugaron en las rodillas que hoy son huesos enterrados en cunetas», advierte Matías Alonso, veterano activista de la Memoria en Valencia.
Alonso ha impulsado una de las más recientes exhumaciones de republicanos fusilados, en la localidad valenciana de Enguera. Al homenaje tras el rescate acudió el pasado 1 de mayo desde Terrassa Manuela Claumarchirant. Su padre, Carlos, jornalero de Enguera, había vuelto al pueblo en 1939, cuando ella nació, para conocer al bebé, «y ahí lo engancharon», cuenta su nieta, María Dolores.
EL TIEMPO APREMIA El tiempo vital apremia, y también el político. La legislatura se agota sin que a la fiscalía especial que establece la Ley de Memoria de momento se haya dado más contenido que el adelante del Consejo de Ministros. El final de la legislatura se aproxima también sin que se haya constituido el Consejo Estatal de la Memoria y su Registro Estatal de Entidades. «A esta ley lo que le falta es que se cumpla», ironiza Emilio Silva, coordinador de la Agrupación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y pionero en la búsqueda de desaparecidos. Queda también, recuerda Ranz, «gran cantidad de elementos de la simbología de exaltación franquista en las calles», insiste.
Las actuaciones más inmediatas ahora tendrán como objeto transformar el Valle de Cuelgamuros en un centro de interpretación del nacionalcatolicismo franquista. Pero antes llegaría la salida de la comunidad de benedictinos que custodia el recinto, para lo cual se precisa una reunión del consejo de administración de Patrimonio que aún no tiene fecha.
La conversión del monumento en un cementerio civil y un museo enlaza con el flanco pedagógico de la ley, y con una de las acciones pendientes: «Falta también la adaptación de los currículos educativos», apunta Ranz. Y como ejemplo, la ARMH trata de censar las víctimas de los bombardeos que sufrió Madrid en la Guerra Civil. Hay 32.000 fichas en el Archivo Regional, pero «no podemos acceder; nos esgrimen la Ley de Protección de Datos», lamenta Silva.