Las macrooposiciones marcan la renovación en el sector público
El objetivo de bajar al 8% la temporalidad está detrás del éxito de convocatoria Más de la mitad de empleados públicos se jubilarán en un plazo de 10 a 15 años
Más de 84.000 aspirantes en todas las provincias españolas se presentaron ayer al examen para conseguir uno de los 7.757 puestos fijos en Correos. Esta ha sido solo una de las diversas convocatorias de grandes oposiciones previstas este año en las diferentes administraciones públicas. Y es que a las nutridas oposiciones ordinarias se suman los procesos extraordinarios de estabilización que dispararán el número de plazas ofrecidas por la Administración, a distintos niveles, a cientos de miles. Las elevadas tasas de reposición, de hasta el 125%, para cubrir las plazas vacantes que año a año van dejando los empleados públicos que se jubilan, fallecen o dejan su puesto de trabajo se suman al propósito del Gobierno de limitar al 8% la temporalidad en el sector público. La combinación de estos factores, tras la década anterior de austeridad y falta de concursos públicos, está alimentado las ofertas de empleo público y conducen a macrooposiciones como la de ayer domingo en Correos.
La Administración central tiene que ante sí el reto enorme de preparar el relevo generacional de los llamados baby boomers que ingresaron hace décadas en la función pública, coincidiendo con el despliegue del estado del bienestar, y ahora están a las puertas de la jubilación. Y es que más de la mitad de los empleados públicos de esferas como la Administración General del Estado se jubilarán en un plazo de 10 a 15 años.
GRAVES INCIDENCIAS A nivel autonómico, el pasado 29 de abril, 13.500 candidatos se disputaron 1.800 plazas de la Generalitat en uno de los mayores exámenes –por concurrido– de la historia de la función pública de Cataluña. El examen se saldó con un estrepitoso caos derivado de las graves incidencias que se produjeron en la organización de la prueba, que la Generalitat subcontrató con una empresa externa, Cegos. Tanto fue así, que la Generalitat se vio obligada a anunciar que repetirá el examen y prevé demandar a la empresa Cegos y reclamarle al menos un millón de euros por el daño reputacional causado y los perjuicios operativos.
Solo en la Administración Ge
neral del Estado (AGE) está previsto este año la convocatoria de procesos selectivos para un total de 27.509 plazas. Según el Gobierno, se trata de un «proceso histórico» por el elevado número de puestos que se ofertan, que corresponden a las ofertas de empleo público de 2020, 2021 y 2022, tal como apareció publicado en el BOE el pasado 20 de enero. Recientemente, el Ministerio de Hacienda ha informado de que los exámenes tendrán lugar a partir del 15 de septiembre.
Según la nota emitida por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), a partir de la segunda quincena de septiembre se celebrarán los primeros ejercicios o ejercicios únicos y, en su caso, de los segundos ejercicios
de los cuerpos de gestión de la Administración civil del Estado, de gestión de sistemas e informática , administrativos y técnicos auxiliares de informática.
Estas oposiciones corresponden a oferta pública de empleo de la AGE de los tres años anteriores. Aún está pendiente de publicar la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente a 2023, que se espera a lo largo de mayo o junio (el año pasado se publicó el 25 de mayo).
TASAS DE REPOSICIÓN Si la OPE de 2022 fue la mayor oferta de empleo público de la historia ( 44.787 plazas, que incluían 10.636 puestos para estabilizar empleo temporal) este 2023 se prevé también un volumen importante. La razón de ello es que para este el año el Gobierno también ha autorizado las mismas elevadas tasas de reposición del año pasado y que llegan hasta el 125% en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las comunidades autónomas y de la policía local. Esto quiere decir que por cada 100 puestos que causen baja en estos cuerpos (por jubilación u otras razones) se aprobará una oferta de 125 empleos. Además se ha previsto una tasa de reposición del 120% en sectores prioritarios como justicia, salud, docentes y otros. Con carácter general, para sectores no prioritarios se prevé una tasa de reposición del 110%. Las entidades locales que tengan amortizada su deuda financiera podrán aplicar una tasa de reposición del 120% respecto de sus vacantes. Además, como novedad, se incluye una tasa específica para que el porcentaje de temporalidad del empleo en el sector público no supere el 8%, lo cual autoriza a llevar a las oposiciones plazas ocupadas por interinos.
Las macrocifras se repiten. En la Comunidad de Madrid, la oferta es de un total de 10.281 plazas, a las que añadir las destinadas a reducir la temporalidad. Mucho menor es la OPE para 2023 de la Comunidad Valenciana: 823 plazas correspondientes a puestos de trabajo que se encuentran vacantes o se hallan desempeñados de modo interino o temporal o son susceptibles de promoción interna. En Galicia los primeros exámenes para cubrir 901 puestos de la administración regional correspondientes a ofertas de años anteriores serán en junio, julio y octubre, según el caso. Aragón tampoco ha publicado aún su OPE 2023 (apenas publicó la correspondiente a 2022 a finales del año pasado, en noviembre), ni tampoco otras comunidades como Andalucía.
Las pruebas llegan después de una década marcada por la austeridad y por la falta de concursos